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España
Manifestación anti-pederastia en Astorga
Los manifestantes han criticado la decisión de la Conferencia Episcopal de nombrar al obispo de Astorga como presidente de la Comisión anti-abusos, al considerar que no está acreditado su compromiso en este causa

(RD/EFE).- Alrededor de treinta exseminaristas se han concentrado este mediodía en Astorga (León) para pedir la excomunión de José Manuel Ramos Gordón, condenado por abusos sexuales a menores y apartado del sacerdocio.

Además, los concentrados, en su mayoría exalumnos del Seminario Menor de La Bañeza (León), han reclamado un castigo para los encubridores y cómplices de dichos delitos.

Durante la concentración frente a la plaza Obispo San Marcelo de la capital maragata se ha leído un manifiesto en el que los asistentes han recordado que llevan dos años reclamando justicia al obispo de la Diócesis de Astorga, Juan Antonio Menéndez, para que nadie relacionado con abusos a menores, ya sea como autor o encubridor, quede impune.

Además, han criticado la decisión de la Conferencia Episcopal de nombrar al obispo de Astorga como presidente de la Comisión constituida en el seno de Iglesia para luchar contra los abusos sexuales al considerar que no está acreditado su compromiso en este causa.

Han exigido una "condena real" para Ramos Gordón y no "unas vacaciones en un monasterio", y han anunciado que harán llegar al Papa Francisco su propuesta de que sea excomulgado.

Ramos Gordón, de 65 años, ha recurrido la sentencia de diez años de suspensión de su ministerio que le impuso la Congregación de la Doctrina de la Fe al considerar probados los abusos sexuales denunciados por un exalumno del Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria (Zamora).


El cura, que previamente había sido hallado culpable en otro caso de abusos en el seminario de La Bañeza (León), reside actualmente en la casa sacerdotal de Astorga a la espera de la resolución de su recurso.

Este caso provocó que el nombramiento del obispo de Astorga como presidente de la comisión que creará la Iglesia Católica para la prevención y protección de los abusos sexuales a menores fuera acogido con recelo por víctimas y otros colectivos, ya que achacan al prelado que en cierta medida pudo encubrir los abusos.

Los hechos en Puebla de Sanabria fueron cometidos entre 1981 y 1984 y se desvelaron después de que un exalumno denunciase en febrero del pasado año que había sido víctima de abusos cometidos por el sacerdote ahora apartado de sus funciones.

El obispo de Astorga recalcó entonces que, aunque sean delitos que han prescrito civil y canónicamente, ordenó personalmente una investigación "exhaustiva" y dio cuenta de ello a la Santa Sede.

La sanción impuesta fue criticada tanto por víctimas como por diversos colectivos que exigían a la Iglesia más dureza e incluso su expulsión.

Más polémica generó la sanción de un año impuesta a este mismo sacerdote por otros casos de abusos cometidos en el seminario de La Bañeza, de los que fueron víctimas casi una treintena de alumnos.

El colectivo de víctimas de La Bañeza criticaron el nombramiento de Menéndez, al que acusan de encubrir lo sucedido y de negar las indemnizaciones solicitadas.

Frente a estas críticas, la Diócesis de Astorga ha defendido la elección de Menéndez, tal y como ha considerado la Conferencia Episcopal Española, que es el órgano que ha tomado la decisión.

Ha negado que el obispo de Astorga haya encubierto casos de abusos, especialmente el que se cometió en La Bañeza, y ha recordado que no ha silenciado nada porque no ha podido hacerlo, ya que solo lleva tres años en la Diócesis.

Por otra parte, ha precisado que en todo momento actuó por órdenes de la Congregación para la Doctrina de la Fe y que "todo ha venido de Roma", ya que la Diócesis no ha intervenido ni en la instrucción de la causa ni en las sanciones impuestas.