Religión
La tumba de Franco Agencais
"Sin perjuicio de lo anterior, y como no podía ser de otra manera, esta comunidad está sujeta a lo que decidan en su día las autoridades competentes que, dado el carácter conflictivo de la cuestión, no pueden ser otras que las judiciales"

(Jesús Bastante/Ep).- Hasta ahora se había mantenido en silencio. Ahora, el abad de Solesmes, Philippe Dupont, superior de los benedictinos del Valle de los Caídos, se pronuncia, sobre la polémica, desvinculando a la congregación del conflicto por la exhumación de Franco.

"El problema se sitúa entre el Gobierno español y la familia", ha precisado en declaraciones recogidas por Europa Press, en las que apela al diálogo entre Ejecutivo socialista y la familia del dictador para encontrar una solución.

Y es que, y este es el quid de la cuestión, fuentes cercanas al Abad de Solesmes han explicado a Europa Press que la cuestión del traslado de los restos de Franco de la basílica del Valle de los Caídos no concierne tanto al monasterio como a los familiares.

En cualquier caso, las mismas fuentes han precisado que el abad Philippe Dupont "compartirá siempre" la decisión que adopte la Santa Sede sobre "este punto" así como en "todos" los puntos.

 

 


 

 

La respuesta de Dupont llega después del comunicado del Vaticano, en la misma línea de lo que, en su día, afirmó el Arzobispado de Madrid. Con tres puntos muy claros (aunque muy mal explicados ante la opinión pública): en primer lugar, se trata de un conflicto entre Gobierno y familia; en segundo término, la Iglesia no se opone a la exhumación, pero llama al diálogo entre ambas partes; en todo caso, siempre cumplirán con las decisiones judiciales.

Algo que también está en la respuesta del prior Santiago Cantera a la ministra de Justicia, en la que justifica su negativa a que los técnicos entren en la basílica.

"Sin perjuicio de lo anterior, y como no podía ser de otra manera, esta comunidad está sujeta a lo que decidan en su día las autoridades competentes que, dado el carácter conflictivo de la cuestión, no pueden ser otras que las judiciales", apuntaba Cantera en su escrito de respuesta.

Sea como fuere, lo cierto es que todas las partes (Gobierno, Iglesia, familia y prior -la suya no es la postura de la Iglesia-) esperan a que, dado que no hay acuerdo, decida la Justicia. En este caso, el Tribunal Supremo.

 

 


 


Una decisión que sólo puede darse cuando el Ejecutivo socialista apruebe el decreto de exhumación. Porque, por mucho que nadie lo cuente, lo cierto es que el Consejo de Ministros sólo ha aprobado los trámites previos a la exhumación, pero todavía no ha dado su plácet a la misma. Sólo entonces se pondrá en marcha el procedimiento en el que el Supremo habrá de decidir, primero, si concede o no la suspensión cautelar de la exhumación y, posteriormente, si ésta se ajusta o no a la legalidad.

Podría darse la circunstancia de que el Alto Tribunal permitiera la salida de Franco (hacia Mingorrubio) y, posteriormente, fallase en contra de las pretensiones del Gobierno. Entonces, el dictador habría de regresar a Cuelgamuros. Algo que, por otro lado, nadie contempla.