La primera en la frente y la segunda en el pecho (Los Franco 1 – Sánchez 0: no habrá exhumación de la momia antes de las elecciones generales).
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid ha suspendido de forma provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que concedía la licencia urbanística para llevar a cabo la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos (El Gobierno Sánchez bloquea la subvención al Valle de los Caídos y en la red se organiza un ‘crowdfunding’ para ayudar a los monjes).
En un auto con fecha 25 de febrero de 2019al que ha tenido acceso Efe, el juez José Yusty Basterrache paraliza cautelarmente la licencia de obras tras una demanda particular.
El magistrado impugna el informe del consistorio de fecha 26 de noviembre de 2018 por el que se declaraba «admisibles las actuaciones urbanísticas consistentes en levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco» y su «traslado a otro lugar».
El juez argumenta que el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019 implica la «inminencia de la citada exhumación» con las obras y subraya que en el «caso de autos no se aprecia especial urgencia» para exhumar a Franco que lleva en el Valle de los Caídos 44 años.
Posteriormente apunta que lo «realmente importante» de la demanda es que «a falta de expediente administrativo», que no disponen de ello, dudan que las obras sean «conformes a la legalidad vigentes» y si se pueden efectuar «con seguridad para las personas».
«Es decisivo recordar que se trata de remover unas losas de mármol que, a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso».
Advierte al tiempo que vislumbran un «riesgo evidente».
Se apoya el juez en un dictamen pericial de dos arquitectos, José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto Rey, que plantea que en la documentación aportada «falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que puede existir bajo la sepultura de Franco».
«Una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos u operarios».
Al tiempo que apunta al artículo 1º de la Constitución sobre la vida humana.
Contra el auto no cabe recurso y es firme aunque el Ayuntamiento de San Lorenzo tiene tres días para que «alegue lo que a su derecho proceda».
El auto lo ha dictado el juez Yusti, quien en 2007 redactó un artículo titulado ‘Gobierno y armada española en la monarquía absoluta’ en el que acusaba al entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de revivir «con oscuras intenciones todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos difíciles», en relación a la ley de Memoria Histórica.
Es también el mismo juez que en 2017 prohibió un acto previsto a favor del referéndum soberanista del 1-O en un local municipal de Madrid y planteó que la libertad de expresión se puede ejercer en cines, teatros o en la calle y plazas, pero no en un espacio público cedido por el Ayuntamiento.
La ministra Delgado, en evidencia
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado este martes que el Gobierno ha mantenido un procedimiento «escrupuloso», basado en las «garantías, el derecho y en las normas», en la exhumación del general Francisco Franco del Valle de los Caídos para hacerlo de una manera «impecable».
Delgado se ha referido así, en declaraciones a los periodistas en Valencia, a la decisión del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid de suspender de forma provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía la licencia urbanística para llevar a cabo la exhumación del general del Valle de los Caídos.
«Lo primero que tenemos que hacer es estudiar la resolución que acabamos de conocer», ha señalado Delgado, antes de presidir un acto de imposición de condecoraciones a juristas y operadores de justicia, quien ha añadido que el Gobierno «respeta» las resoluciones judiciales.
Ahora bien, ha precisado que «respetar no quiere decir que una vez estudiemos y veamos cómo se ha desarrollado no vengan los consiguientes recursos».
La ministra ha recordado además que este mismo recurso que se resuelve en este juzgado de lo Contencioso-Administrativo «se ha planteado ya hasta en siete ocasiones anteriores ante otros juzgados que han desestimado exactamente esa misma petición».
«Por ello vamos a analizar exactamente a qué se refiere», ha añadido, para ver si ha habido algún elemento diferente a los anteriores «que tenían un criterio unánime que no procedía en su caso acordar esta medida cautelarísima y provisional».
Delgado ha defendido asimismo que el Gobierno ha mantenido un procedimiento «escrupuloso» basado en «las garantías, en el derecho y en las normas» y por ello «se han hecho bien las cosas y en ello estamos».
«Se está tardando tanto (en llevar a cabo la exhumación) porque precisamente lo que se está intentando es hacerlo de una manera impecable», ha reiterado la ministra.
