No les tiembla el pulso ni la voz (El Gobierno Sánchez bloquea la subvención al Valle de los Caídos y en la red se organiza un ‘crowdfunding’ para ayudar a los monjes)
Crreen en lo que hacen y consideran que además les respalda la Ley ( La Justicia para en seco la jugada de Sánchez para sacar la momia de Franco del Valle de los Caídos).
Como subrayan M. Jamardo y L. Sela en ‘OKdiario’ este 27 de febrero de 2019, los miembros de la comunidad benedictina, orden religiosa que gestiona, mantiene y custodia la Basílica del Valle de los Caídos donde se ubica la tumba de Franco, se mantienen firmes en su posición de negar al Gobierno el acceso a la misma para la exhumación del dictador.
Horas después de conocerse la decisión del Gobierno de suspender la subvención anual de 340.000 euros a la Abadía del Valle de los Caídos, en plena pugna jurídica por la exhumación de Franco, los monjes de la comunidad religiosa se muestran indignados:
«¡Ese dinero no es del Gobierno!».
Y lamentan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «congele» una dotación presupuestaria que supone «sustraer a los niños de la Escolanía» unos recursos que les corresponden y necesitan para su educación.
Recuerda uno de los monjes que cincuenta niños de toda España, de entre 8 a 16 años, reciben bajo la dirección educativa de su orden religiosa «una sólida y personalizada formación académica y musical» que, junto a los programas académicos oficiales de Primaria y Secundaria, «incluyen Lenguaje Musical, uno o dos instrumentos, Música de Cámara y, por supuesto, Canto Coral».
«Es la única Escolanía del mundo que canta gregoriano todos los días durante el curso académico».
Aunque el convenio vigente que articula dicha dotación económica prevé su actualización, año a año, «conforme a la subida del coste de la vida», ésta no se ha aplicado «desde 2009» tras la llegada del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el primero en congelarla.
El prior de los benedictinos, el abad Santiago Cantera, manifestaba ayer, tras la polémica surgida entorno a la carta del Vaticano que el Gobierno filtró sesgada, que no permitirá la exhumación del dictador sin el pronunciamiento previo del Tribunal Supremo, que es la autoridad competente para resolver la cuestión, como el propio órgano jurisdiccional advertía al Ejecutivo socialista en su respuesta al primera recurso planteado por la familia.
Este 22 de febrero, la ministra Celáa, en rueda de prensa desde Moncloa tras la celebración del Consejo de Ministros, confirmaba que Patrimonio Nacional, institución de la que depende el conjunto monumental de Cuelgamuros, había solicitado a la Abadía del Valle de los Caídos la presentación de un «presupuesto equilibrado, fundamentado y veraz» para recibir la ayuda pública que le corresponde por importe de 340.000 euros anuales.
No es la primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez advierte a la comunidad de monjes del Valle de los Caídos sobre actuar contra ellos si continúan sin aceptar la exhumación de Francisco Franco. En la actualidad, la orden religiosa gestiona este lugar y es competente para facilitar o no el acceso a la tumba del dictador, algo a lo que se opone.
El Gobierno socialista podría emprender medidas legales orientadas a solicitar al Vaticano «el cambio de la orden que custodia este Santo lugar».
Detalle éste que confirman los propios monjes.
El Ejecutivo podría modificar el convenio, de 1958 -suscrito con la Abadía de Silos para conferirle las potestades que desde entonces ostenta sobre el Valle de los Caídos- y articularlo de modo que la Santa Sede deba pronunciarse sobre la sustitución de los benedictinos, y con ellos de su prior, por otra congregación religiosa menos beligerante en la materia de la exhumación.
Esta vía está contemplada en el informe oficial que una comisión de expertos realizó, en 2011, sobre el complejo monumental del Valle de los Caídos, a petición del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Documento que ha sido tomado como referencia por el actual Gobierno para las actuaciones desarrolladas hasta la fecha y encaminadas a cumplir la promesa estrella de Sánchez desde su llegada a Moncloa.
En dicho texto se recoge que el Gobierno podría alterar el sentido del acuerdo, mediante el mecanismo legal del Real Decreto.
Cuestión que Sánchez todavía a tiempo de abordar, aún en funciones, si presenta el proyecto en el marco de la Comisión Permanente que mantendrá hasta la celebración de las elecciones generales del próximo 28-A.
