Religión
Pedro Sánchez, el Valle de los Caídos y Francisco Franco. EP

Pedro Sánchez, que se las prometía muy felices paseando la momia de Franco, está que echa las muelas ().

El proceso de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco se ha encallado para el Gobierno en un enjambre judicial que complica a Pedro Sánchez cumplir con su promesa estrella.

Ahora, en un nuevo revés para el Ejecutivo socialista, el juez que acordó suspender la licencia urbanística del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, ha aplazado la toma de una decisión definitiva, en espera de fijar una vista dada la complejidad de la causa.

El trámite supone un nuevo imprevisto para el Gobierno, que ya reaccionó de manera inédita al auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid que instó a paralizar las obras al carecer de "las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o integridad física de los técnicos y operarios" que intervengan en la operación de exhumación. Entonces, el Ejecutivo cuestionó la imparcialidad de la Justicia y acusó de "obstruccionismo" al "entorno" de Franco para evitar la exhumación.

El consistorio de San Lorenzo de El Escorial -que gobierna una plataforma vecinal apoyada por PSOE y Podemos y Ciudadanos en la investidura- recurrió este pasado lunes la suspensión provisional de dicho expediente, agotando el plazo de alegaciones contra la medida cautelarísima.

En el texto de 12 hojas registrado este lunes día 4, al que han tenido acceso L.Sela y M.Jamardo de OKdiario, se establecen 3 puntos de oposición del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a las cuestiones planteadas por el recurrente y en virtud de las cuales el titular del juzgado ordenó decretar las medidas cautelares urgentes que paralizaron hace unos días el informe municipal, imprescindible para completar correctamente el trámite administrativo ad hoc diseñado por el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez.

El ente local avaló en un informe -emitido el pasado 26 de noviembre de 2018- "las actuaciones urbanísticas remitidas por el Ministerio de Justicia" para la exhumación del dictador, como parte del expediente diseñado ad hocpor el Gobierno, y en el que el aparejador municipal ratificaba los trabajos necesarios para la retirada de los restos de Franco de su ubicación actual como "obra menor", según lo indicado por Patrimonio Nacional.

El auto del juez es contundente sobre los riesgos que conlleva la exhumación. "No hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar y por tanto peligroso (...) que a su vez pueda causar daños a las personas, sin duda un grupo no escaso de ellas, que tienen que realizar la citada maniobra", afirma el magistrado.

Además, destaca que "no se aprecia especial urgencia" en la exhumación de Franco "puesto que lleva enterrado en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos desde el día 23 de noviembre de 1975, es decir, más de 44 años".

Por ello, concluye, "no tiene sentido lógico ni jurídico alguno que una obra, cuya urgencia es al menos discutible, pueda atentar contra uno de los pilares del Estado social y democrático de Derechos en que se constituye España, según el artículo 1 de la misma Constitución, esto es, poner en peligro la vida humana y, por tanto, mientras existan dudas acerca de las condiciones de seguridad, dentro de lo racionalmente posible, de la obra que se proyecta, procede la suspensión cautelar urgente de la misma".

Tras recibir las alegaciones del Ayuntamiento, el juez deberá decidir nuevamente si levanta, mantiene o modifica las medidas acordadas. No obstante, dada la complejidad del asunto, se celebrará una vista para escuchar a las partes.

Tribunal Supremo

El procedimiento contra la exhumación sigue su curso en el Tribunal Supremo.

El alto tribunal admitió este viernes a trámite el recurso presentado por la familia del dictador, como también avanzó este periódico, aceptando así estudiar la paralización cautelar de cualquier maniobra, en espera de su pronunciamiento definitivo.

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha acordado abrir una pieza separada de medidas cautelares para decidir sobre la suspensión de la exhumación, tal y como solicitó la familia Franco.

Además, da un plazo de diez días a la Abogacía del Estado para que pueda presentar alegaciones respecto a la paralización del traslado de los restos del dictador, siempre a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie definitivamente sobre el recurso de los familiares contra la medida acordada por el Gobierno.

Justo antes de presentar su recurso, los nietos de Francisco Franco dirigieron una carta al Ejecutivo en la cual consideraban "nulo de pleno derecho" el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero en el cual se les emplazaba a determinar en un plazo de 15 días un nuevo lugar de enterramiento para su abuelo.

El Ejecutivo excluyó La Almudena por razones de "orden público" y la familia aseguró que sólo buscarían un lugar alternativa si el Supremo desestimaba el recurso.