Es una tragedia «insostenible, dolorosa y que exige tomar medidas urgentes». Así definen varios obispos españoles la actual situación que viven las fronteras africanas de nuestro país, escenario del asalto desesperado de miles de inmigrantes hacia el llamado «sueño europeo».

Los prelados de Cádiz-Ceuta, Almería, Tenerife y Málaga (diócesis de la cual depende Melilla) denuncian para LA RAZÓN una realidad «insostenible» que no se va a frenar, a su juicio, «con elevar las vallas o devolverlos en condiciones penosas». La solución, aunque compleja, pasa por la «cooperación entre los distintos países».

   Una de las diócesis que más de cerca vive este drama humano es la de Málaga, pues se encarga de administrar la actividad pastoral de la ciudad autónoma de Melilla. Su titular, monseñor Antonio Dorado, asegura que «este problema no se va a solucionar quitándolo de enmedio y devolviendo a los inmigrantes.

 Mientras no se aborde la causa principal, que es el hambre que sufren estas personas en sus países, la situación nos seguirá desbordando». Para el prelado, que también estuvo al frente de la diócesis de Cádiz-Ceuta, se deben tomar «medidas urgentes para paliar la situación», pero distintas a las que se han tomado hasta ahora, pues «no se está dando un trato adecuado a gente que viene sufriendo mucho y con hambre».

   Precisamente el actual obispo de Cádiz-Ceuta, monseñor Antonio Ceballos, ha denunciado el comportamiento reciente de las autoridades marroquíes y asegura que «no podemos tratar a los inmigrantes como animales, sino como los seres humanos que son». «Lo que vemos es sólo la punta del iceberg de la desigualdad que vive África», afirma Ceballos, quien recuerda que «una sola nación no puede resolver el problema, hace falta unidad de acción en todos los sentidos y cooperación entre los distintos países». «Desde luego algo está fallando y debemos unir nuestros esfuerzos para que esto termine».
   
Insuficiencia, dolor y rabia.

Sin embargo, la realidad de nuestras fronteras es sumamente compleja. «Las autoridades españolas y marroquíes hacen lo que pueden pero es insuficiente. Además, aunque se han realizado grandes inyecciones económicas a Marruecos para que tome medidas, el Gobierno marroquí no responde como debe, o no sabe responder». Así lo sintetiza monseñor Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife, que sabe bien lo que supone levantarse cada día con la noticia de que una nueva patera ha llegado a sus costas o ha naufragado dejando decenas de muertos.

«Esta situación me provoca dolor e incluso rabia. Sólo pensarlo da angustia porque esto cada día va a ir a más y la solución no está en elevar las vallas o devolverlos en condiciones penosas», asegura.

   Además, monseñor Álvarez ha conocido de primera mano esta realidad. «Mi padre tuvo que emigrar a América en su momento», recuerda, «y es lógico que cuando hay amor a la familia y no se puede ni sobrevivir, se busquen salidas; incluso desesperadas». Así, Bernardo Álvarez es contundente: «La comunidad internacional simplemente explota sus intereses económicos o militares en África y se olvida de las personas. Por eso, los Gobiernos deben sentarse a hablar y no debemos consentir que se devuelva a las personas de forma automática y tan peyorativa como esos autobuses de gente esposada y abandonada».

   Monseñor Adolfo González, obispo de Almería, va más allá. «Usar armas contra inmigrantes indefensos o transportarlos esposados es tratarlos como mercancía humana indeseable», asevera. «He visitado un invernadero con trescientos inmigrantes que parecía un almacen», manifiesta, y llama la atención sobre «las mafias que se enriquecen a costa del dolor y del hambre de otros». «No sólo hay que fortificar las fronteras, sino perseguir a las mafias», afirma.

  A estas opiniones se suma toda la Conferencia Episcopal a través de la Comisión de Migraciones, que lanzó ayer una nota de prensa para denunciar los problemas económicos de África y la «injusta distribución de las riquezas, el desarrollo y el bienestar». Denuncia compartida por el obispo de Asidonia-Jerez, monseñor Juan del Río, quien también pidió ayer en un comunicado «un esfuerzo de todos los estados de la Unión Europea, las organizaciones internacionales y las instituciones económicas».

También el presidente de Cáritas Andalucía, Juan Martínez, afirma que «hay que hacer todo lo posible y buscar acuerdos diplomáticos»; así como Ignacio Zabala, presidente de la Conferencia Española de Religiosos, quien opina que la solución más viable «es entregar el 0,7 por ciento del PIB, que supone perder algo para que otros vivan».