Australia es uno de solo un puñado de Estados que no tiene un instrumento legal (ya sea una carta de derechos constitucional o estatutaria) que afirme el alcance y el ámbito de las libertades de sus ciudadanos, incluida la libertad de expresión
(Cameron Doody).- Este viernes me llegó información que sugiere que «el juicio» por pederastia contra el cardenal George Pell ha terminado, pero como el jurado popular no pudo alcanzar un veredicto unánime, tendrá que haber un nuevo juicio en noviembre.
Puede que sea cierta, o no. El jefe de finanzas y «número tres» del Vaticano en realidad se enfrenta a dos juicios distintos, lo que resta credibilidad a la información. Pero por otro lado, hace más de un mes desde que al menos uno de los juicios arrancó, por lo que es de esperar que el proceso ya ha llegado a su fin.
Pero sea cierta la información o no, lo importante es que no puedo confirmarla, ni informar sobre ello. Y que un sitio en internet que publicó hoy la información que lme llegó afirma que nada más dar la nota, recibió una amenaza del tribunal que juzga al cardenal, advirtiéndole de que puede haber violado la orden de supresión ordenada por el magistrado y exigiéndole que retirara el artículo.
El apagón informativo sobre el caso Pell es propio de países del tercer mundo, no de una democracia avanzada como Australia. Como australiano y como demócrata, me da vergüenza este atentado contra derechos humanos tan fundamentales como son la libertad de información y de expresión. Como católico, además, considero que el oscurantismo convierte en una burla la promesa de los obispos australianos de más transparencia en la Iglesia tras los horrores del informe de la Real Comisión anti-pederastia, que reveló que el 7% de los curas del país en los últimos setenta años abusó de niños.
Tal y como informó el New Matilda en mayo, los términos por los que rige la orden de supresión de información sobre el caso Pell son extraordinarios. Según la aplicación que hizo la propia fiscalía -y ni incluso la defensa- para «garantizar un juicio justo», son éstas:
(1) Se prohíbe la publicación de cualquier información sobre la totalidad o una parte de estos procedimientos y cualquier información derivada de este procedimiento y cualquier documento judicial asociado con este procedimiento.
(2) La prohibición de publicación se aplica en todos los Estados y Territorios de Australia y en cualquier sitio web u otro formato electrónico o de difusión accesible en Australia.
(3) A los efectos de esta orden, ‘publicación’ tiene el significado que le atribuye el artículo 3 de la Ley de Tribunales Abiertos, es decir, la difusión o provisión de acceso al público por cualquier medio, incluida la publicación en un libro, periódico, revista u otra publicación escrita, o transmitida por radio o televisión; o exhibición pública; o transmisión o comunicación electrónica.
(4) La orden caducará después de un veredicto del jurado con respecto a los cargos en la acusación final, o por una orden adicional de la corte
Absolutemente vergonzoso, y además, bastante raro, porque las ordenes de supresión en Australia normalmente permiten que se pueda informar, al menos, de la existencia de la orden, no como en este caso de una «súper-orden» que ni permite la publicación de información que explique por qué se ha impuesto.
¿Y cómo es que -¡en Australia!- los jueces pueden emitir este tipo de decretos? Porque tal y como lo explicó el director del Centro Australiano para el Periodismo Independiente, Chris Nash, hace ya algunos años, «Sólo Australia y un puñado de Estados no tienen un instrumento legal (ya sea una carta de derechos constitucional o estatutaria) que afirme el alcance y el ámbito de las libertades de sus ciudadanos, incluida la libertad de expresión».
Y mientras tanto, los obispos australianos permanecen en silencio ante semejante atropello a la dignidad humana.
Australia, háztelo mirar.
Pell, en el banquillo de los acusados
