Entre 2007 y 2016 España solo acogió al 1,29% de los refugiados que entraron en territorio europeo y, solo a medias, dejándolos expuestos a la inestabilidad residencial, la precariedad laboral y la inseguridad económica
(Cameron Doody).- Entre 2007 y 2016 España solo acogió al 1,29% de los refugiados que entraron en territorio europeo y, solo a medias, dejándolos expuestos a la inestabilidad residencial, la precariedad laboral y la inseguridad económica. Esta es la principal conclusión de un nuevo informe presentado esta mañana en la Universidad Comillas de Madrid, que además denuncia que «el sistema español de acogida a refugiados no cuenta ni con los recursos, ni con los medios, ni con la capacidad política de enfrentar y transformar» la realidad que viven aquí los solicitantes de asilo.
«¿Acoger sin integrar? El sistema de acogida y las condiciones de integración de personas solicitantes de protección internacional» es el título el nuevo trabajo de investigación conjunto de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos (IUEM) de la Universidad Pontificia, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe (Universidad de Deusto) y el Servicio Jesuita a Migrantes. Su presentación ha corrido a cargo de Gorka Urrutia, director del Instituto Pedro Arrupe; Juan Iglesias, director de la Cátedra de Comillas; y el padre Josep Buades, del SJM.
Por su parte, Iglesias ha querido situar el nuevo informe dentro del contexto del desbordamiento que ha sufrido el sistema de acogida en España desde 2014, pasando el número de solicitudes de asilo recibidas de 6.000 en este año hasta 17.000 en 2016. Los investigadores se han interesado, ha añadido, por las «condiciones reales de incorporación e integración» que han vivido los que han buscado refugio en este país, y han concluido que estas condiciones están marcadas por tres realidades: empleos escasos y precarios, la disrupción de su asentamiento y arraigo en cuanto a la vivienda y un consecuente «deterioro de su situación personal, económica y familiar».
¿Qué papel ha jugado el conjunto de autoridades españolas en estas realidades a las que se enfrentan los solicitantes de asilo? Iglesias ha continuado que desde 2015 el Gobierno ha aumentado la inversión presupuestaria y humana destinada a la acogida de refugiados, además de las plazas de acogida de las que se ha beneficiado el colectivo, pasando a un total estimado de 8.700 a finales de 2017. Pero según ha matizado el coordinador de nuevo informe, este compromiso renovado del Estado aún tiene demasiadas fallas, entre ellas que las ayudas que los solicitantes de protección reciben en un primer momento -con el aprendizaje del idioma, por ejemplo, o con las ayudas económicas directas- en muchos casos no sean suficientes ni se extiendan durante más tiempo.
Buades, a su vez, ha observado que, si bien no hay por lo general en España actitudes de rechazo abierto a los inmigrantes o solicitantes de asilo, sí hay «actitudes de recelo o prudencia excesiva», al menos hasta que se conozca a la persona. «Aunque hay un ambiente moderadamente favorable» hacia los inmigrantes, ha continuado el sacerdote, hay también «micro-rechazos y micro-xenofobia», refiriéndose a la renuencia de muchos españoles de alquilar un piso a un migrante, darle un trabajo, o de relacionarse con él de cualquier otra forma.
«No hay una hostilidad fuerte como sí puede haber en otros países europeos pero aún nos queda un camino por recorrer», ha afirmado Buades, ya que cuando hay «redes sociales de apoyo» en la comunidad en la que vive el refugiado «la integración es más exitosa». «No basta con las ONG, no basta con el Estado», ha dicho el sacerdote, recalcando en que la acogida de los inmigrantes es responsabilidad de todos.
El experto del SJM también ha querido resaltar que aunque el sistema de acogida ya cuenta con una dotación económica bastante buena, «se necesita una mayor agilidad a la hora de responder a quienes solicitan protección internacional», dado que durante el tiempo de espera que se ven obligados a aguantar estas personas «están dejadas a sus propios medios o los sistemas sociales de emergencia». Otra recomendación clave que hacen los responsables del informe, ha continuado Buades, es que las administraciones estatales, autonómicas y locales «flexibilicen» el «proceso lineal» de acogida, transición y autonomía por el que tienen que pasar los refugiados, ya que hay personas que sí se acogen a este proceso tal y como está planteado y otras que necesitan más tiempo.
Pero no es que las recomendaciones de una mayor agilidad a la hora de responder a los solicitantes de asilo o una mayor flexibilidad con los que ya han sido acogidos sean las únicas del informe presentado esta mañana: el mismo propone una serie de 17 medidas «para facilitar la integración de los refugiados en la sociedad española». Entre ellas destaca una mayor «protección de las trayectorias educativas de la población refugiada» por medio, por ejemplo, de la homologación de títulos o becas públicas y/o privadas que ayudarían a asegurar que los inmigrantes pudieran trabajar en empleos más conformes con su formación. O también, que el Gobierno desarrolle un «marco reglamentario que recoja formalmente la política de acogida e integración en España», y que el Estado cumpla con las cuotas de acogida establecidas por la Unión Europea y que llegue así a unas tasas de aceptación de migrantes semejantes a las de los países de nuestro entorno.
