En mayo, el Papa nombró al neocardenal Tobin comisario pontificio para el gobierno del Sodalicio
(J. Bastante).- «Las víctimas no existen». Desafiante, pese a que tanto la legislación civil como la eclesiástica dan por probados toda serie de abusos físicos y psicológicos cometidos, el fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari, negó cualquier cargo en su contra.
Después de negarse, en reiteradas ocasiones, a participar en las investigaciones sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, su fundador acudió este lunes al Consulado de Perú en Roma, donde le esperaba un fiscal de su país de origen.
Aunque mañana se producirá la declaración propiamente dicha, Figari reiteró a la prensa su inocencia, y se mostró partidario de hablar con los denunciantes, pese a negar las acusaciones. ¿Por qué no lo ha hecho hasta ahora? El fundador de este grupo se escudó en que lo tenía prohibido por la Santa Sede.
Cabe reseñar que Figari ya no ostenta cargo alguno en el Sodalicio, aunque sigue viviendo en una residencia de la institución, según sus propias palabras «en retiro espiritual». El superior general informó en mayo pasado que el Sodalicio ha tomado la decisión de cerrar la casa de Roma, donde ha estado viviendo Figari desde el 2010, y trasladarlo a «un lugar más aislado y acorde a los requerimientos que la Santa Sede ha pedido» para continuar con sus investigaciones.
Después de que el actual superior del Sodalicio, Alessandro Moroni, declarase culpable a su fundador, pidiera perdón a las víctimas de abusos sexuales y físicos, y anunciara la separación total de Figari del Sodalicio, la Santa Sede nombró a un delegado pontificio para sanear la organización. Dicho comisario no era otro que el neo cardenal William Joseph Tobin.
La polémica surgió después de que, hace un año, saliera a la luz el libro «Mitad Monjes, mitad soldados», en el que los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz recogían testimonios de las víctimas de Figari y otras cabezas del Sodalicio. Tras la publicación, las autoridades crearon una comisión de investigación, que culminó con la condena eclesiástica de Figari, y el envío de la documentación a la Fiscalía peruana, que hasta hoy no ha conseguido que el líder carismático declarara.
En enero, Figari rompió su silencio a través de una carta, distribuida entre los «sodalités», y en la que calificaba de «señalamientos, desinformaciones y maltratos» las imputaciones por abusos contra ex integrantes menores de edad. No obstante, reconocía que durante las cuatro décadas en que estuvo al frente el movimiento pudo cometer «graves errores, fallas, ligerezas», sin precisar a qué casos específicos se refiere.