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Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la necesidad de intensificar los esfuerzos para resolver los problemas de contratación pública

Que afectan al gasto de la UE en el ámbito de la cohesión

Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la necesidad de intensificar los esfuerzos para resolver los problemas de contratación pública
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La política de la Unión Europea en relación a la contratación pública constituye un pilar fundamental en relación a la consolidación del mercado interior y en torno a la consecución de una racionalización de los fondos públicos que garantice la sostenibilidad del sistema.

En este entorno, el incumplimiento de las normas sobre contratación pública y la falta de un sistema de análisis de errores, para el consecuente atajo de los mismos, ha supuesto una fuente importante de desajustes que termina afectando a la transparencia, a la competencia y a la corrupción.

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha llevado a término, mediante un sistema de auditoría, un análisis del estado de la cuestión en la Comisión y en los Estados Miembros.

Para ello, ha categorizado una serie de errores y ha analizado la presencia de los mismos para, en fin, emitir observaciones y recomendaciones al respecto.

Una de las observaciones que se determina se refiere al hecho de que, aunque se han detectado errores en todas las fases del proceso de contratación pública, la mayor parte de ellos se detectó en la fase previa de la licitación.
Asimismo, se han observado gran cantidad de errores en la fase de ejecución de los contratos en relación a las modificaciones o ampliaciones del alcance de los mismos.

El Tribunal determina que la complejidad de las legislaciones en la materia es un factor importante que induce al error, pero más aún lo es la falta de capacidad de las administraciones (eminentemente en relación a la falta de un expertise técnico en las mismas) y una planificación insuficiente por parte de las mismas.
La carga legal y la susceptibilidad de la materia de verse afectada por prácticas corruptas constituyen otros aspectos destacables.

De otro lado, se ha destacado la necesidad de crear bases de datos que, además de permitir una inspección adecuada de los sistemas de contratación, permita analizar exhaustivamente los errores que se descubran y crear un sistema apropiado de reporte de los mismos.

Con todo, y a pesar de que se determina que la Comisión aún no ha emprendido un análisis profuso y detallado de los errores en contratación pública, se decanta el informe en apuntar que, aunque queda mucho por hacer, se están dando pasos adelante para solventar la situación.

En este sentido, se apunta que deben crearse herramientas de actuación ex ante, que deben de aumentarse las obligaciones en materia de información y que debe seguirse el camino de la contratación pública electrónica, entre otras muchas cosas.

Menciona el informe la herramienta de alerta de fraude Arachne, una base de datos para analizar errores de contratación pública que funciona como almacén de datos clave sobre determinados proyectos de contratación pública. La Comisión invita a las autoridades de gestión y auditoría de los veintiocho Estados miembros a que introduzcan sus datos y utilicen la herramienta de forma gratuita.

En fin, son muchas las apreciaciones que dirime el Tribunal de cuentas en su informe, si bien destaca la importancia de avanzar hacia una contratación pública eficiente, que respete los principios elementales que se alzan como garantía de quienes concurren a las licitaciones y que logre eliminar los problemas que tradicionalmente han venido descastando los esfuerzos en la materia.

El texto íntegro del Informe del Tribunal de Cuentas puede consultarse en el siguiente enlace.

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NOTA.- Sara Castelo Ruano es abogado, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad, una consultora independiente, con sede en Madrid y Lisboa, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de sus proveedores.

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