Espanta el caso y desde el principio, porque el violador de la niña, el miserable que la dejó embarazada, era el novio de la abuela (El crimen de Sophie Sergie: violación y asesinato en un campus que pudo resolverse 26 años después por una técnica de ADN).
El sistema de salud de la norteña provincia argentina de Tucumán practicó este 27 de febrero de 2019 una cesárea a una niña de 11 años, violada por el amante de su abuela, pese a que la cría manifestó su deseo de abortar y la ley argentina contempla la posibilidad de aborto en casos de violación y peligro de salud.
«Ha sido obligada a parir. Además de ser víctima de violación e intentar suicidarse dos veces, su salud corría peligro», comenta la abogada tucumana de Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres X Mujeres, Soledad Deza.
La gestación se detectó en la semana 19, el 31 de enero, y fue por entonces cuando la niña manifestó su deseo de abortar.
«Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo», dijo la pequeña según figura en la historia clínica adjuntada a la causa judicial y que trascendió a los medios.
Fuentes judiciales adelantaron que se llevaría adelante la interrupción del embarazo (ILE).
Sin embargo, ayer el Gobierno tucumano comunicó que abogaba por salvar las dos vidas y hoy, en torno a la semana 24, se le practicó la cesárea.
El aborto está permitido en Argentina desde 1921 en casos de violación y en situaciones donde la salud de la mujer corra peligro.
Además, en 2012 se estableció un protocolo para poder practicar estas interrupciones.
Amnistía Internacional ha denunciado «la violencia institucional ejercida por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) de la provincia de Tucuman». Afirma que «la demora injustificada de acceso a la interrupción del embarazo vulneró el derecho de la niña a su salud, autonomía, privacidad e intimidad, revictimizándola».
«Cuando está en peligro la vida de una mujer no hay por qué dilatar la práctica», explicó Deza, y remarcó que «no hay que pedir intervención del poder judicial, ni pedir consentimiento de una junta médica».
Estos dispositivos de objeción médica que pusieron en marcha desde el Ministerio de Salud y el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) «han dilatado la práctica» del protocolo de aborto que garantiza la ley, y por ende han «perjudicado a la niña», consideró Deza.
Por su parte, el director del Siprosa y secretario del Ministerio de Salud tucumano, Gustavo Vigliocco, declaró a Radio Con Vos que la niña estaba en condiciones de continuar con el embarazo porque pesaba más de 50 kilos.
Deza opinó que «el derecho de defensa de la niña» no fue «respetado» porque su defensor oficial -proporcionado por el Estado a las familias que tienen dificultades económicas- «jamás bregó por interrumpir el embarazo».
«Acá ha habido grandes violaciones a los derechos de las niñas accionada por el sistema de salud que han sido apoyados por autoridades».
«Tucumán es la única provincia que no está adherida a la ley nacional 25673 que asegura la previsión gratuita de métodos anticonceptivos y tampoco implementa la ley 26150 de educación sexual -aunque esta sí fue aprobada-«.
La niña está evolucionando de manera positiva según medios locales, pero todavía no hay un informe oficial del estado de salud de esta y del de su bebe. El presunto violador permanece preso.
