El Ayuntamiento de Albacete no paga el agua que usa del embalse de Alarcón, provocando el hartazgo de los regantes que sí cumplen con esa obligación. Acusan a la Confederación del Jucar de trato de favor al municipio que preside la socialista Carmen Oliver.
Los regantes tradicionales de la comarca de la Ribera en Valencia han enviado una dura carta al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, en la que acusan a este organismo de falta de objetividad, de incumplir el Plan Hidrológico «siempre en beneficio de los usuarios de Castilla-La Mancha» y de favorecer los intereses de Albacete.
Acusan de permitir a dicho órgano el incumplimiento del ayuntamiento de Albacete respecto a lo estipulado en el Convenio de Alarcón respecto al pago del agua que se usa de este embalse.
El Ayuntamiento de Albacete se niega a pagar a la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ, entidad propietaria del embalse de Alarcón) 1.087.430,29 euros, cantidad correspondiente a las liquidaciones por los caudales cedidos de dicho pantano.
El Convenio de Alarcon, firmado el 23 de julio de 2001 entre el Gobierno central, los Ejecutivos autonómicos de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y los regantes tradicionales valencianos, que usan las aguas del Júcar desde hace 750 años, fija en favor de estos unas reservas mínimas en el embalse para garantizar sus necesidades.
Si se baja de estas reservas, por ceder caudales de las mismas a otros usuarios, estos están obligados a pagar a los primeros por los costes de sustitución del agua que ya no les llegará por el río y tendrán que extraer de pozos, con mayores gastos de inversión, energéticos y de mantenimiento.
Así ha venido ocurriendo en años pasados, cuando, en aplicación de sucesivas resoluciones de la Confederación, se ha desviado agua de la reserva de los regantes valencianos a otros usuarios. En total han sido 247 millones de metros cúbicos los desviados, y los regantes de La Ribera han tenido que costear los gastos de extracción de ese caudal para aportarlo al sistema.
De esos 247 millones de metros cúbicos, el Ayuntamiento de Albacete ha utilizado 29,3, pero a diferencia de los otros usuarios beneficiados por el desvío de agua (bastantes de ellos en la Comunidad Valenciana), que han abonado las liquidaciones requeridas, el consistorio de la capital castellano-manchega se niega a pagar y aduce que el uso de boca es preferente al riego, por lo que no se siente obligado.
Ante esta actitud, los regantes valencianos piden a la Confederación Hidrográfica que otorgue un último plazo de tres meses para regularizar la situación y, en caso de persistir en la negativa, que se corte el suministro de agua. Los regantes tradicionales recuerdan a la propia Confederación que «no ha adoptado las medidas necesarias para hacer cumplir sus propias resoluciones», dejándolos en una «situación de indefensión».
Reconocen que, en la ley de aguas, el uso de boca es preferente, pero no con carácter confiscatorio, sino indemnizando a quienes tienen los derechos (los regantes valencianos). Culpan al Ayuntamiento de Albacete de «comportarse como si estuviera por encima del Estado de Derecho y las leyes» y reitera que la Administración central le tolera que incumpla el Convenio de Alarcón.
