La falta de acuerdo entre el PSOE y el PP sobre la política hídrica ha motivado que la Comisión Constitucional haya aprobado el dictamen sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha sólo con los votos socialistas, lo que, en la práctica, conllevará la retirada del texto del Congreso.
Tras un agrio debate, los diputados del PP han votado en contra tanto del preámbulo como del articulado después de que el PSOE haya hecho lo mismo con la enmienda transaccional presentada en el último momento por los ‘populares’, en la que se proponía mantener la alusión a los 4.000 hectómetros cúbicos pero se suprimía el término «reserva».
También ha votado en contra Rosa Díez, de UPyD, en representación del grupo mixto, mientras que se han abstenido los representantes de ERC-IU-ICV, PNV y CiU, formación que había votado a favor del informe de la ponencia pero ahora ha decidido abstenerse para no interferir en las negociaciones.
Como anunció en su momento, el grupo socialista renunciará a continuar la tramitación del Estatuto sin el apoyo del PP, de modo que el siguiente paso será que las Cortes de Castilla-La Mancha, como Parlamento proponente, soliciten la retirada del texto del Congreso de los Diputados.
Así, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que fue el primero en ser aprobado por unanimidad por el Parlamento de origen -en enero de 2007-, será el segundo en ser retirado del Congreso, después del canario.
El secretario general del grupo socialista, Eduardo Madina, ha acusado al PP y, en concreto, a su secretaria general y presidenta en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de haber «matado» el Estatuto, mientras que el portavoz socialista en la Comisión, Alejando Alonso, ha atribuido lo ocurrido a la presión del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel.
Sin embargo, Cospedal ha asegurado que ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, quien «ha torpedeado» el acuerdo porque prefiere utilizar la retirada del Estatuto en clave electoral para poder culpar al PP.
Algo que, a su juicio, es un insulto a los castellanomanchegos, pues tanto en Castilla-La Mancha como en España gobierna el PSOE y, sin embargo, se responsabiliza al PP del fracaso del Estatuto.
Cospedal ha añadido que Barreda ha sido el único presidente autonómico, que, pese a la mano tendida del PP, ha sido «incapaz» de sacar adelante el Estatuto, pues ha preferido «la ventaja personal al interés general».
El grupo popular, tras una intensa mañana de reuniones en el Congreso de los Diputados, en las que ha intervenido el presidente del partido, Mariano Rajoy, ha acudido a la Comisión Constitucional con una enmienda transaccional que afectaba al preámbulo, a cinco artículos y a la disposición transitoria primera.
En dicha enmienda se suprimía del preámbulo el término «reserva» y se planteaban los 4.000 hectómetros cúbicos como una estimación de la Junta de Comunidades para satisfacer las necesidades de agua de la comunidad.
También recalcaba la propuesta del PP la prioridad de la cuenca cedente del agua sobre la cuenca receptora, pero suprimía la alusión al caudal ecológico del río y a la presencia de la Junta de Comunidades en los órganos de gestión del trasvase Tajo-Segura.
Era, a juicio de María Dolores de Cospedal, «una gran propuesta, que satisface completamente las necesidades de Castilla-La Mancha», y que contaba con el respaldo de todo el PP, cuyo ponente en la comisión Arturo García-Tizón ha manifestado que el fondo de su propuesta es el mismo que el de la del PSOE, pero sin insultar ni agraviar a ninguna comunidad.
De hecho, ha recordado que en el texto promovido por el PSOE no se establece una reserva estratégica de agua de 4.000 hectómetros cúbicos, sino que se deja patente el deseo de la Junta de Comunidades de que exista.
Sin embargo, el grupo socialista, tras solicitar un receso para estudiar la propuesta, la ha tachado de «inaceptable e insultante», en palabras de su diputado Alejandro Alonso.
Alonso ha recordado que el concepto de reserva hídrica figura en otros estatutos, como el aragonés, aprobado con el beneplácito del PP, pero en este caso no ha sido posible por la intervención de Ramón Luis Valcárcel, que hoy ha estado en el Congreso para deliberar sobre la decisión del PP.
Socialistas y populares se han ganado el reproche del resto de los diputados, que les han recriminado su incapacidad para ponerse de acuerdo y -menos Rosa Díez, que ha votado en contra- han preferido abstenerse para no convertirse en árbitros del proceso.
