El desarrollo del aeropuerto de Ciudad Real se ha cobrado ya algunos cadáveres en el plano económico y financiero. Por la campana se ha salvado el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, de verse arrastrado en la caída al retirar a última hora el aval que pensaba prestar a los empresarios de la instalación. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Ha unido Barreda su futuro político al del aeropuerto?
Es una evidencia que José María Barreda ya tenía noticia de la inminente decisión judicial de decretar la suspensión de pagos del aeropuerto de Ciudad Real (ahora denominada concurso de acreedores) cuando, inopinadamente, horas antes anunció en las Cortes regionales que retiraba el punto de la concesión de un aval de 140 millones de euros a la sociedad propietaria.
Barreda lo presentó como un gesto para negociar con el PP el futuro del aeropuerto de su pueblo, pero hubiese sido un varapalo político que hubiese concedido el aval a una empresa declarada insolvente después de haber defendido con insistencia y como un asunto de vital importancia para el futuro de la región el del aeropuerto.
Ahora pretende compartir su responsabilidad en este asunto con el PP, cuando anteriormente la actuación del PSOE ha sido unilateral y poniendo a disposición del proyecto instituciones de tanta importancia para la región como la Caja de Castilla-La Mancha (CCM), de cuya quiebra tiene bastante culpa el aeropuerto.
Todo queda entre ellos
Lo primero que sorprende en la suspensión de pagos del aeropuerto es que el concurso lo haya forzado la empresa Montreal (Montajes e Instalaciones) de la que es principal accionista Domingo Díaz de Mera, que es a su vez uno de los integrantes más importantes de la empresa promotora del aeropuerto. Luego se han sumado a la lista de acreedores Cajasur, controlaba por el PSOE andaluz y las empresas Isolux y Sacyr, que realizan numerosas obras para las administraciones públicas de la región, especialmente en las gobernadas por socialistas.
Un aspecto que nunca se ha explicado suficientemente desde la Junta de Comunidades, pese a las peticiones del PP, es el apoyo con dinero público a una empresa privada. Precisamente, que el aeropuerto de Ciudad Real es el primero de España de capital privado, ha sido el eslogan más explotado por los propios promotores. ¿Qué hacía la Junta prestando 140 millones de euros a esta empresa privada y no al resto de la región?, es una pregunta hecha por políticos y empresarios, nunca contestada claramente.
Eje de desarrollo
El PSOE, desde que asumió el poder regional de la Junta de Comunidades hace casi 30 años, diseñó un eje de desarrollo de la región que afectaba a Toledo, Ciudad Real y Albacete. De ellas tres, sin duda la más beneficiada a la larga ha resultado Ciudad Real, primera ciudad que contó con AVE y sus benéficos efectos al desarrollo urbanístico. Luego la Junta colocó en Ciudad Real el rectorado de la Universidad regional y las principales facultades, y apoyó el desarrollo del aeropuerto.
Y es que el aeropuerto se presentaba como «Barajas-2». Se trataba de prestar cobertura al aeródromo de Madrid, en ese momento con serios problemas de saturación. Para ello el Gobierno de Bono primero, y luego de Barreda no reparó en gastos y en gestos. Para empezar pusieron a su servicio la principal entidad financiera controlada por el PSOE, CCM. Autorizó, con la contra de organizaciones naturalistas, la construcción del aeropuerto en una ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves), marcada por el propio Gobierno regional. Y por último, se modificó la Ley de Urbanismo de la comunidad para permitir la urbanización industrial del entorno del aeropuerto. Es decir, según denunció en su momento Dolores de Cospedal, se les regaló a los propietarios de los terrenos, que son los mismos que conforman la sociedad gestora del aeropuerto, 600 euros por cada uno invertido en la compra de los, ahora, solares.
El papel del PP
El PSOE ha experimentado otro cambio de opinión en todo este asunto cuando después de rechazar de plano que la Junta se hiciese con la propiedad del aeropuerto, no sólo ha pasado a tomarla en consideración, sino que ha propuesto un sistema. En vez de expropiar, como sugería el PP, prefieren adquirir las acciones mayoritarias. Cuestiones de matiz, pero que salvaría el proyecto y a los empresarios que lo han promovido.
Se estima que la deuda del aeropuerto asciende a 300 millones de euros, según unas versiones, y a la mitad según otras. En cualquier caso, se trata de una suma que hubiese exigido la ejecución del aval de 140 millones que Barreda quería entregar, a toda costa, a la empresa aeroportuaria. En la actual situación, con el cierre detrás de varios miles de pequeñas empresas en Castilla-La Mancha, hubiese sido engorroso para Barreda explicar un gasto de 140 millones de euros en efectivo en beneficio de una sola empresa, por muy de su pueblo que sea.
