El urbanismo de Bono en entredicho

Anticorrupción mantiene abierto el caso de «El Pocero»

Aunque reconoce que su última acción se remonta al año 2008

Anticorrupción mantiene abierto el caso de "El Pocero"

Las acusaciones de pasividad en la acción de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de la macrourbanización «El Quiñón», del empresario Francisco Hernando «El Pocero», han provocado la reacción de esta institución que se defiende afirmando que el caso «sigue abierto», aunque la última acción de la fiscalía se remonta al año 2008.

La Fiscalía, en un comunicado del que informa Europa Press, ha asegurado que la investigación sobre la tramitación de «El Quiñón» en la localidad toledana de Seseña, «continúa abierta, a la espera de recibir la documentación solicitada con el fin de averiguar posibles responsabilidades en la mencionada actuación urbanística».

Pero como era esperable, la Fiscalía exonera a la Junta de Comunidades de responsabilidades cuando recuerda que con fecha 25 de julio de 2006, inició unas Diligencias Informativas «para determinar posibles irregularidades cometidas en el ámbito municipal de Seseña». Al comienzo de esa investigación, se asegura en la nota, «fue la propia Fiscalía Anticorrupción quien solicitó un Informe a la Unidad de Apoyo Adscrita a dicha Fiscalía de la Intervención General del Estado». «Las conclusiones del mencionado Informe, recibido el 14 de mayo de 2007, no apoyaron la existencia de posibles responsabilidades penales en el ámbito de la Comunidad Autónoma», asegura.

La Fiscalía ha precisado que en el curso de dichas Diligencias, el representante del Ministerio Público «tomó declaración a diversos responsables de la Junta de Castilla-La Mancha, y solicitó a diversos organismos públicos y entidades privadas diversa documentación sobre la recalificación urbanística ocurrida en el municipio toledano».

Finalmente, con fecha 9 de julio de 2008, la Fiscalía indica que «presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción de Illescas contra el que fuera alcalde de Seseña, José Luis Martín, por los posibles delitos de prevaricación, cohecho y delito contra la Hacienda Pública».

Nada raro para el fiscal

Que «El Quiñón», urbanización prevista para varias decenas de miles de residentes se realizase en un secarral junto a una pequeña población que carecía de cualquier infraestructura ni la posibilidad de obtener cerca algunos servicios esenciales como el suministro de agua, y que esa infraestructura haya tenido que ser construida por la Junta de Comunidades, no levanta sospechas en la Fiscalía Anticorrupción, tan sensible en otros casos similares pero menos notorios.

Pese a procesar al alcalde de Seseña, sin embargo el fiscal pasa de largo sobre el Gobierno regional, que otorgó la licencia urbanística última para el desarrollo de una urbanización que cubría necesidades inexistentes de desarrollo en la zona.

La reconocida y estrecha amistad de Francisco Hernando con el presidente entonces de la comunidad autónoma, José Bono, tampoco ha levantado sospechas en Anticorrupción, y ello pese a que «El Pocero» haya declarado que hizo obras a Bono en su afamada instalación hípica por aquellos tiempos de aprobaciones urbanísticas.

 

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