La consejera de Educación, Ciencia y Cultura de Castilla-La Mancha, María Angeles García, ha defendido, acerca del uso del velo islámico en las escuelas, que debe prevalecer «el derecho fundamental y básico a la educación» de las alumnas, y «luego ellas, cuando están bien formadas, ya se lo quitarán, o a lo mejor no».
De este modo se ha pronunciado la responsable regional de Educación, en una entrevista a Europa Press, sobre la polémica generada en las sociedad española en torno al uso del velo en los espacios públicos, una cuestión que ha tildado de «demagógica» pues, a su juicio, en lo concerniente al ámbito de la educación «cuanto menos bla-bla-bla, mejor».
La consejera ha asegurado que en Castilla-La Mancha este problema no existe, pues tan solo se ha dado en un centro educativo de Toledo, «que se solucionó inmediatamente, porque di una instrucción muy clara, y es que lo primero es el derecho básico y fundamental a la educación. Si el velo en algún momento es un estorbo para hacer algo, vale, pero si no, no».
«A mí lo que me importa es que esa niña esté bien formada y no le quitemos un derecho básico y fundamental», como es el de la educación, ha reiterado García, que ha criticado que se haya montado este «revuelo político», pues «no es necesario darle tanta importancia».
En este sentido, la consejera ha precisado que en los núcleos rurales de la región sí que surgen problemas –«casos aislados», ha matizado–, con determinadas familias que no quieren llevar a la escuela a sus hijas.
«En esos casos, nuestra obligación es que esas niñas estén en las aulas y hagan su periodo de formación obligatorio, porque un padre, por muy padre que sea, no puede quitar a su hijo el derecho a la educación, y ahí tienen que intervenir los poderes públicos».
SIMBOLOS RELIGIOSOS EN LAS AULAS
En cuanto a la presencia de símbolos religiosos en las aulas, la consejera ha señalado que «no se suele ser objetivo con esto de las simbologías, porque tratamos de diferente manera en función de la religión que sea. No tratamos igual un símbolo de la religión musulmana, que de la católica», ha reconocido García, al tiempo que ha apostillado que «este país tiene la simbología católica muy arraigada».
No obstante, la titular regional de Educación ha asegurado que el Gobierno regional no va a legislar para acabar con los símbolos religiosos en las aulas, puesto que en todo caso este asunto compete al Gobierno de España.
«Soy partidaria de que en las aulas haya tranquilidad y paz, y lo que no me gustaría es que, donde no haya problema, crearlo», ha postulado María Angeles García, que de igual modo ha reconocido que
en la escuela pública no deberían tener presencia los símbolos religiosos.
«Si la comunidad educativa lo acepta no hay por qué retirarlo, pero en el momento que alguien de esa comunidad diga que no quiere ver ese símbolo ahí, porque no debe estar ahí, hay que actuar, y el Consejo Escolar lo tiene que retirar», ha explicado la consejera.
«Si no hay conflicto no voy a crearlo», ha insistido la responsable regional de Educación, al tiempo que ha añadido que en Castilla-La Mancha «alguna asociación nos ha acusado de ser poco activos en este sentido, pero no es un tema de dejación. Está muy bien pensado, y es que no queremos problemas donde no los hay».
Al hilo del tema de la simbología religiosa, la consejera ha manifestado que la nueva Ley de Educación regional no reconoce a la educación castellano-manchega como «laica», tal y como pidieron algunos colectivos durante la elaboración del nuevo texto, «pero sí incorpora el contenido de la palabra» pues contempla, según ha explicado García, que no «se puede hacer ningún tipo de proselitismo en favor de alguna religión, ni indoctrinar».
«Por tanto, la escuela de Castilla-La Mancha será una escuela absolutamente laica, aunque no hayamos utilizado esa palabra, por buscar un consenso» con el conjunto de diversidades que presenta la comunidad educativa autonómica, ha apuntado la consejera de Educación.
La representante del Gobierno regional ha abogado por integrar la multitud de culturas que llenan las aulas de la región, pues «ése es el mejor trabajo social que podemos hacer de cara al futuro», y porque todos los inmigrantes que llegan a Castilla-La Mancha en busca de oportunidades «tienen derecho a mejorar sus condiciones de vida».
