Presentarán un escrito de amparo ante el Tribunal de Estrasburgo
Los terrenos sobre los que El Pocero edificó la Ciudad Francisco Hernando en el municipio toledano de Seseña pertenecían a una familia que llevaba cultivándolos desde 1939. Sin embargo, tardaron en registrarlos a su nombre. Cuando lo hicieron, se dieron cuenta de que una empresa vinculada a El Pocero se les había adelantado.
Los tribunales han reconocido los derechos de los primitivos propietarios hasta en tres ocasiones. Pese a ello, no han recibido la compensación que la Justicia estableció.
Los herederos de las tierras en las que El Pocero edificó su macrociudad en Seseña (Toledo) acusan a José Bono de haber influido en las decisiones judiciales para que no se ejecutaran las sentencias que les daban la razón y obligaban al constructor a abonarles el precio actualizado del suelo. Éstas les reconocían los derechos sobre el terreno y el espacio urbanizado y construido.
Recientemente el Tribunal de Cuentas ha hecho público un informe en el que recogía las irregularidades cometidas en la construcción del PAU de Seseña. Igualmente destaca que la Junta de Castilla- La Mancha no ejerció el control que le correspondía.
Según Justo Serrano, portavoz de la familia damnificada, las presiones políticas son la causa de que no se ejecute la sentencia: «Hubo presiones políticas en Toledo bajo la presidencia de Bono. Es muy raro que en dos meses y medio saliese adelante el PAU cuando lo normal es que tarde más de dos años. Sabemos con toda seguridad que intervinieron Bono y el ex alcalde José Luis Martín».
Serrano continúa explicando cómo en el consistorio «todo el mundo señalaba a Bono, pero nadie se atrevía a hablar en público».
Y asegura: «A mí me lo ha comentado mucha gente allí, hasta concejales socialistas. Luego nunca lo han querido decir en las instancias en las que debían denunciarlo».
Otra de las afirmaciones que ha realizado el portavoz a La Gaceta señala al antiguo edil socialista: «El ex alcalde José Luis Martín es el que se entendió con El Pocero. Después nos ha confirmado personal del ayuntamiento que Bono fue en dos ocasiones, al menos, para hablar sobre el tema de El Quiñón. Solamente así se consiguió solucionar el problema de los abastecimientos de luz y agua».
IGNORANDO SENTENCIAS
En 1993 el Juzgado de Instrucción número 1 de Illescas reconoció al propietario original, Gonzalo González Nicolás, la propiedad de los 796.000 metros cuadrados que cultivaba. De esta manera se cumplía la Ley de Arrendamiento Rústico de 1980, según la cual se podía registrar la pertenencia de la tierra, siempre y cuando pudieran acreditar el pago de la contribución de los últimos 25 años.
Pronto le llegaron los problemas. Un particular y dos sociedades, Promoción Comunidad de Pantoja y Parque Tecnológico Toledo Norte, que acabaría en manos de El Pocero, alegaron ser los propietarios de los terrenos y presentaron sendos recursos. Finalmente, en 1997 el Tribunal Supremo sentenció a favor de la familia de González Nicolás y desestimó los recursos interpuestos por las sociedades.
Por aquel entonces Francisco Hernando ya había comprado los terrenos a la empresa Parque Tecnológico y se negaba a aceptar la sentencia judicial. Poco después presentaba un Plan de Actuación Urbanística (PAU) a través de su empresa Onde 2000. En éste pedía que la superficie de la zona de El Quiñón, situada a 36 kilómetros de Madrid, se recalificase y pasase de uso rústico a urbanizable. Este proyecto obtuvo la aprobación del Ayuntamiento de Seseña, tras el visto bueno de la Consejería de Urbanismo de la Junta de Castilla-La Mancha.
Todo parece apuntar a que El Pocero optó por fingir la existencia de un contrato de arrendamiento con los propietarios originarios, de manera que pareciera que él era el dueño. Por ello decidió reclamar a la familia de González Nicolás la finalización de ese contrato. El juzgado de Illescas rechazó las alegaciones del constructor, pero tras su recurso, la Audiencia Provincial de Toledo sentenció a su favor, lo que posteriormente fue confirmado por el Tribunal Supremo.
ANTICORRUPCIÓN
Los propietarios acudieron a la Fiscalía Anticorrupción, a la que solicitaron que abriese diligencias previas para que se investigasen supuestas maniobras políticas para evitar cumplir las sentencias judiciales que les daban la razón.
Según manifestaron en el escrito, «se aprecian indicios de corrupción económica e información privilegiada; además, desde la Administración no se les ha impedido construir sobre los terrenos afectados por las primeras sentencias», en referencia a las obras que ya había acometido El Pocero.
En el mismo procedimiento pidieron que se investigase a la Audiencia de Toledo y a los juzgados de Illescas por no haber actuado frente a la recalificación y posterior construcción de los terrenos, que se llevó a cabo cuando ya existía sentencia de ambas instancias.
Justo Serrano ha explicado a La Gaceta que jamás recibieron respuesta de este organismo. «No citamos ningún nombre concreto. Sólo pedíamos que abrieran una investigación y no hicieron nada», concluye.
Hace un año y medio los herederos consiguieron el aval de una entidad bancaria que les permitía pagar el justiprecio de 110 millones de euros que se estableció como tasación de los terrenos que debían abonar. Su intención era que se les devolviese la zona de su propiedad en la que no se había construido y se les entregasen los pisos correspondientes al espacio en el que se habían levantado. Los juzgados no han contestado a esta última reclamación, pese a que, como señala el portavoz de los herederos de González Nicolás, «es el valor que el perito judicial estableció. Lo calculó en función del 9% de las ganancias que el PAU hubiera dado a la constructora una vez vendidas todas las promociones».
El mes pasado, la familia damnificada decidió recurrir en amparo ante el Tribunal de Justicia europeo. Una actuación que se materializará en los próximos meses. «En septiembre se presentará el escrito en Estrasburgo; esperamos que esta vez se ejecute la sentencia», ha confirmado Justo Serrano a este diario.
Originalmente publicado en La Gaceta