Los socialistas engañan a los ecologistas. El empeño de los segundos en frenar el puerto de Granadilla es tal que el PSOE no se para en barras legales a la hora de prometerles un triunfo jurídico.
El hecho de que CC y PP apoyen los trabajos es razón más que suficiente para que se le haya prometido por parte de Francisco Hernández Spínola que se promoverá un recurso de inconstitucionalidad. Ahí es nada.
La Constitución Española, en su artículo 162, punto primero, expone lo siguiente: «están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas».
Las cuentas son sencillas. A nivel canario, en el Parlamento, los socialistas no obtendrían la aprobación cameral para que se aprobase la interposición de ese recurso. El Consejo de Gobierno tampoco está por la labor.
En Madrid, las cosas no están mejor para las aspiraciones de los socialistas canarios. El Ejecutivo siempre ha estado a favor de los trabajos en el puerto de Granadilla. Otra cosa es la lentitud en la tramitación de las partidas.
Tampoco parece sencillo juntar a medio centenar de diputados u otros tantos senadores para oponerse a un proyecto de carácter tan local.
El Gobierno de España lo tiene muy claro. El subdirector adjunto de Evaluación Medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, Miguel Aymerich, dijo en la Universidad de Verano de Adeje que el proyecto de puerto de Granadilla “tiene todas las garantías medioambientales y ha superado el dictamen tanto de la Unión Europea como del propio Gobierno de España que en esta ocasión contaban con un grado de exigencia muy elevado”.
Pese a todo, el también diputado regional del PSOE Manuel Fajardo reclamó al grupo socialista en Las Cortes que interponga el recurso de inconstitucionalidad dentro de los plazos establecidos por Ley (3 meses desde la publicación de la Ley).
