Pide a Rivero que tutele el trabajo de Soria

Cabrera y el primo de Zumosol

El Gobierno canario le exige que se lea la ley antes de acusar

Cabrera y el primo de Zumosol
Paulino Rivero y Mario Cabrera.

La cercanía de las elecciones pone nervioso a políticos de la tranquilidad de Mario Cabrera (CC). El presidente del Cabildo de Fuerteventura se ha lanzado en plan bravata a pedir el dinero que el Gobierno canario debe a las corporaciones insulares.

Cabrera amenazó con dirigirse a Paulino Rivero, cual primo de Zumosol, para que éste «tutelara y supervisara» el trabajo de José Manuel Soria.

El dirigente majorero de Coalición Canaria entiende que el consejero de Economía y Hacienda no ha realizado bien su labor con respecto a los fondos del REF y además le acusa de ocultar información a los cabildos.

Las acusaciones del líder nacionalista en Fuerteventura han tenido su réplica en la viceconsejera económica, Rosa Rodríguez. Muy clara y consisa advirtió a Cabrera que «no amenace con el ogro Rivero para intentar conseguir sus fines, pues el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias no necesita la tutela de nadie para hacer su trabajo».

Rodríguez entiende que el presidente majorero «debe dedicarse a elaborar un plan de ajuste del gasto para el Cabildo de Fuerteventura en lugar de perder el tiempo».

«El consejero de Economía y Hacienda no necesita la tutela de nadie para hacer su trabajo. Que no amenace con el ogro Rivero para intentar conseguir sus fines».

SITUACIÓN DELICADA

Rosa Rodríguez apunta que «la situación económica es muy complicada para escenificar como él hace un juego absurdo en un patio de colegio con claras amenazas de o tú me lo das lo que quiero o pataleo hasta conseguirlo con los míos».

La viceconsejera añade que «la Ley de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias fue propuesta y aprobada con el voto favorable de Coalición Canaria».
 
Considera que «el discurso que utiliza Mario Cabrera no se sostiene y entiendo que apelar a él sólo puede tener un motivo y, ese motivo es su incapacidad para hacer un plan de ajustes en el Cabildo de Fuerteventura»».

Lo fácil es hacer un discurso. Lo difícil es remangarse la camisa y reducir el gasto atendiendo a la actual situación de crisis económica que ha mermado los recursos públicos de todas las administraciones. Parece que de esta incapacidad suya pretende culpar a otro.

“La realidad es que la Comunidad Autónoma no debe nada a los cabildos. Cabrera es incapaz de reconocer el esfuerzo que desde la Consejería de Economía y Hacienda se ha hecho para compensar en parte la disminución de los recursos de Cabildos y Ayuntamientos”.

«NO SOLICITA INFORMACIÓN»

“No me consta que Mario Cabrera haya solicitado información alguna que se le haya ocultado, bien al contrario la información de la recaudación de los recursos del REF puede ser consultada por cualquier interesado en la página web de la Comunidad Autónoma. Debe ser que tampoco quiere hacer un esfuerzo para ponerse delante del ordenador”.

Rodríguez cree que «ni siquiera se ha leído la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias, pues de sus palabras se deduce ignorancia total de la misma».

«Le recomiendo que haga el esfuerzo de leerla. Si lo hace, se dará cuenta de que los gastos de gestión no se los ha inventado José Manuel Soria sino que vienen establecidos en la misma, con porcentajes y cuantías perfectamente determinados, y si el consejero no se los ha podido inventar difícilmente puede mentir sobre ellos”.

La Ley 9/2003, en su artículo 3, determina los costes de gestión de los tributos del REF, e indica que éstos minoran el Bloque de Financiación y fija el importe de los mismos para el año 2003 en un 4% de la recaudación líquida de los tributos objeto de reparto y gestionados por la Comunidad Autónoma.

En la Ley se fija también el criterio a aplicar en los sucesivos años atendiendo a la mayor de las cantidades establecidas por aplicación del 3,5% de la referida recaudación o el importe que por este concepto correspondiera en el año 2003. Incide además este artículo de la Ley en la posibilidad de incrementar este coste pero no dice nada en relación a una posible disminución.

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