Barreda se gasta 6,4 millones en una sede de Geacam

Las empresas públicas de la Junta: “reducto de políticos desfasados”

CSIF denuncia la inversión suntuaria del PSOE para colocar a sus militantes

Que la política sirve en la actualidad para que encuentren salida muchos sujetos que en el ejercicio de sus profesiones y oficios tendrían muy difícil cobrar lo que en su función pública, es de todos conocido. En esa trama de creación de puestos de trabajo ficticios juegan especial papel las empresas públicas creadas por la Administración. Geacam es una en la que Barreda se gasta el dinero de los ciudadanos para colocar a «políticos desfasados y amigos de la nomenclatura», dice el sindicato CSIF.

Mientras Barreda afirma con la boca, sin sonrojo, que está haciendo recortes en el presupuesto de la Junta de Castilla-La Mancha, con la mano suelta millones para crear organismos que duplican el trabajo de la propia administración autonómica. Es el caso de la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam), en cuya sede provincial de Cuenca se va a gasta el presidente 6,4 millones de euros.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este hecho. Por una parte, por el gasto suntuario que supone gastarse casi seis millones y medio de euros de los ciudadanos en semejante situación de crisis económica. Un gasto que se verá engordado cuando haya que amueblar y dotar de medios al edificio, mientras que los funcionarios de Medio Ambiente de la Junta se ven obligados a trabajar con medios precarios, cuando existen.

Por otra parte, el CSIF resalta que Geacam no es sino la privatización de servicios públicos en el que, además, se gasta dinero en la creación de una guardería en una empresa privada cuando este servicio social se le viene denegando a los trabajadores de la administración regional. CSIF pide «que se frene la creación de nuevas empresas públicas -reducto final de políticos desfasados y amigos de la nomenclatura- y se realice una verdadera inversión pública, sometida a todos los controles legales, con la dedicación de más medios y recursos humanos para la propia Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

 

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