En el informe en poder de Anticorrupción se expone claramente que Moltó, pese a que era presidente no ejecutivo, se "extralimitó en sus funciones", y se detallan numerosas operaciones que podrían encubrir delitos.
Hace año y medio el Banco de España intervenía Caja Castilla La Mancha (CCM). Posteriormente desaparecía como tal Caja de Ahorros y provocaba que Castilla-La Mancha fuera la única región de España sin entidad financiera de referencia. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para determinar las responsabilidades del ex presidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó, y los ex gestores de la caja castellano-manchega en la quiebra de la entidad. A todo esto, José Mª Barreda sin dar explicaciones sobre lo sucedido y sobre sus responsabilidades, y sin cumplir la palabra dada.
El asunto puede estallarle en las manos al presidente de Castilla-La Mancha, José Mª Barreda, pues la propia ley autonómica -de Cajas de Ahorro- le obliga y le responsabiliza en la gestión y en el control de la entidad financiera. De igual modo, la capacidad de maniobra dentro de CCM ha sido total en estos últimos años, pues su ex presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, ex secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, fue nombrado por el propio Barreda.
Problemas de Barreda por el riesgo excesivo con el Aeropuerto de Ciudad Real
El informe de la Fiscalía alerta sobre la participación de la caja en CR Aeropuertos, la sociedad dueña del aeropuerto de Ciudad Real. A juicio de los inspectores del Banco de España, la caja asumió un riesgo excesivo con esta operación que casi desde el principio estaba abocada al fracaso. El aeródromo se declaró insolvente hace varios meses y ha dejado a CCM con una deuda de más de 200 millones de euros.
La estrecha relación -de intereses recíprocos- que el presidente de Castilla-La Mancha tiene con este grupo de empresarios -según el entorno político del ex presidente José Bono- le puede provocar un problema definitivo a José Mª Barreda en las próximas elecciones autonómicas, pues los empresarios propietarios del Aeropuerto de Ciudad Real, son amigos personales suyos y se han visto beneficiados por licencias para sus medios de comunicación y por cuantiosos ingresos por publicidad institucional.
José Mª Barreda llegó a conceder a la sociedad del Aeropuerto de Ciudad Real -a pesar de estar en quiebra- un aval de 140 millones de euros, en un claro trato de favor que llegó a ser criticado por la propia Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha.
Indicios de delitos de fraude y administración desleal
El diario El Mundo ha informado que -según fuentes de la propia Fiscalía- en muchas de las operaciones de la entidad financiera hay indicios de delitos de fraude y administración desleal, por lo que Anticorrupción ha decidido investigar a fondo y llamar a declarar a los principales gestores de la caja.
En la Fiscalía dirigida por Antonio Salinas declararán no sólo Juan Pedro Hernández Moltó, ex presidente de CCM, como máximo responsable, sino también los principales directivos y el consejo de administración, tal y como confirman las mismas fuentes.
Retraso del Banco de España e insistencia de los inspectores
La investigación de Anticorrupción se produce a instancias de la Fiscalía General del Estado, que recibió hace pocas semanas un extenso informe del Banco de España en el que se detallan múltiples operaciones irregulares en la caja previas a la intervención. La razón por la que se ha tardado tanto en que la justicia investigue lo ocurrido en CCM es por la indecisión del Banco de España.
El gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se alineó con las tesis del Gobierno y no era partidario de enviar el informe a la Fiscalía. Sin embargo, los inspectores que elaboraron el documento presionaron ante la gravedad de los presuntos delitos detectados y ante la posibilidad de ser acusados de encubrir el supuesto fraude.
Graves y numerosas acusaciones e irregularidades
En el informe en poder de Anticorrupción se expone claramente que Moltó, pese a que era presidente no ejecutivo, se «extralimitó en sus funciones», asumiendo funciones de gestión de forma directa con los ejecutivos de la entidad, reuniéndose frecuente y directamente con los directivos de las unidades operativas de CCM y su grupo, incluyendo responsables territoriales y de zona y asistiendo a comités comerciales.
Además, los inspectores detallan numerosas operaciones que podrían encubrir delitos. Entre ellas, la compra de acciones de Inmobiliaria Colonial a través de la sociedad Global Cartera de Valores, en la que también participaban Luis Delso (dueño de Isolux) y empresarios de la región como el ciudadrealeño Domingo Díaz de Mera.
La sociedad fue declarada insolvente pocas semanas antes de la intervención, pero la caja ya había perdido más de 100 millones de euros por esa operación.
Los inspectores también ven irregulares los créditos concedidos. Más del 80% de los titulares con créditos de más de 16 millones de euros tienen su deuda en relación con negocios de construcción o inmobiliarios.
Además, hay créditos a promotores de la región que exceden los criterios de riesgo fijados por el Banco de España. Por ejemplo, pocas semanas antes de la intervención, sólo 20 deudores -la gran mayoría relacionados con el sector inmobiliario- debían a la caja más de 3.100 millones de euros. Muchos de esos créditos, según el Banco de España, son prácticamente irrecuperables.
La situación se agrava por la supuesta ocultación, por parte de los ex directivos, de la verdadera situación de la caja, lo que podría constituir un delito societario.
