Ya se sabe que los dirigentes socialistas tienen unos principios hasta que hace falta tener otros, siempre con el fin de reglamentar la vida de las gentes. Los tribunales acaban de dar un revés a las aspiraciones del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en su pretensión de ser el dios de la vida y la muerte y le ha negado la prohibición de que se sumen a la objeción para provocar la muerte de los no nacidos a facultativos ajenos a la ginecología. Su seguidismo fiel a las políticas de Rodríguez Zapatero chirría con el sentir de sus conciudadanos.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ) está tratando la reclamación interpuesta por el Colegio de Médicos de Toledo contra la reglamentación que la Junta de Comunidades ha hecho de la reforma de la Ley del Aborto, y preventivamente a su resolución final ha emitido un auto en el que recuerda el valor constitucional de la objeción de conciencia y que ella no sólo afecta, en el caso del aborto, a los médicos relacionados con el área ginecológico sino a toda clase de especialistas, incluidos los médicos de familia.
Los médicos también reclamaban la desaparición del registro de objetores, ya que en su opinión, se puede convertir en una especie de «lista negra» de dudosa utilización por unos políticos que tan poco empacho tienen en enviar a los demás a los que para muchos no es sino el asesinato de una vida independiente. El TSJ autoriza, al menos hasta que sentencie definitivamente, la existencia de dicha lista.
Ahora se conoce que en Andalucía también han seguido las enseñanzas de Barreda y que se les niega a los facultativos que no tengan que ver con los servicios ginecológicos acogerse a la objeción. Andalucía y Castilla-La Mancha van de la mano también en este aspecto, como en el del fracaso escolar, el paro y demás datos que indican la brillante gestión de ambos ejecutivos autonómicos en los casi 30 años que llevan gobernando ambas comunidades.
