El llamado caso Tebeto, que ha finalizado, por el momento, con la sentencia del Tribunal Supremo en la que se exime al Gobierno canario de abonar 103 millones de euros al empresario Rafael Bittini por la explotación de una montaña en Fuerteventura, ha puesto al descubierto la hipocresía y el electoralismo del PSOE que pretende apuntarse un tanto en una chapuza cometida por ellos mismos.
Francisca Luengo, diputada regional del PSOE, sólo sabe arremeter contra los hermanos Soria (José Manuel y Luis, este último consejero de Industria en la pasada legislatura). Los llama matones y, de paso, asegura que el pasado 30 de septiembre «tuvo que ser un día triste para ellos ya que estaban empeñados en todo momento en que se cumpliese la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y que se pagase al empresario».
La hemeroteca, sin embargo, es muy traicionera y el actual vicepresidente canario, José Manuel Soria, nunca afirmó que esas cantidades, 103 millones, se abonasen a tocateja, sino que empleó un condicional.
Literalmente expuso el 17 de septiembre de 2009 que «en el caso de que el Gobierno de Canarias agote todas las vías que hoy hay en marcha para evitar el pago o fraccionarlo, el Gobierno pagará porque los gobiernos, cualesquiera, tienen que hacer frente a sus obligaciones».
«Y más allá de que esa indemnización fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) traiga causas de decisiones de Gobierno de hace muchísimo tiempo, dice la sentencia que de gobiernos del siglo pasado, los actuales tienen que hacer frente a sus obligaciones».
Soria dijo que el Gobierno nunca ha dicho que vaya a incumplir los pronunciamientos judiciales, aunque no estén de acuerdo sobre el monto fijado. «Lo que nunca haremos ni hemos hecho es poner en cuestión ni la independencia ni la profesionalidad ni el buen hacer ni de este ni de ningún juez. Si el Gobierno tiene que pagar, pagaremos». Es obvio que la interpretación de Luengo no sólo es libre, sino además torticera.
LA HISTORIA
El caso de la montaña de Tebeto, por mucho que Luengo le guste fijarlo todo en 2004, con Luis Soria en la consejería de Industria, comienza una década antes, en 1993. En aquel entonces, Luengo ostentaba el cargo de secretaria general técnica en el departamento de Industria y la que con sus actuaciones provoca a la larga la demanda interpuesta por Bittini.
El problema es que al empresario le habían concedido unos permisos de investigación de esta montaña en 1982 y, en el año 1993 el departamento de Industria, con el PSOE mandando en el Gobierno canario, considera que los permisos ya estaban caducados. El error de bulto viene dado porque 20 días antes de este anuncio le habían concedido la misma explotación a otra empresa y, obviamente, Bittini recurrió a los tribunales, como no podía ser de otra manera.
A partir de esa metedura de pata burocrática por parte de Luengo, comienza un largo trasiego por las diferentes instancias judiciales de Canarias y en todas ellas el empresario Rafael Bittini logra salir triunfador. Es más, un fallo judicial en el período en el que Luis Soria es consejero de Industria obliga a éste a darle la concesión a Bittini para la explotación de Tebeto.
Pero ahí no queda la cosa. La montaña no ofrece los réditos inicialmente previstos por el empresario y la lucha jurídica sigue adelante para recuperar la inversión realizada. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias decreta durante la legislatura 2003-2007 que hay que pagar 92 millones de euros a Bittini. El Consejo de Gobierno opta por recurrir la sentencia ante el Supremo.
En septiembre de 2009, es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el que ordena que se disponga de inmediato el cumplimiento del auto de ejecución provisional de la sentencia del 29 de septiembre de 2009 en el que se obliga a pagar la nada despreciable cantidad de 103 millones de euros (los 11 añadidos a los 92 iniciales se corresponden a los intereses de demora).
La conclusión es que el caso Tebeto, ese del que tanto presume el PSOE de haber sido el único limpio en este historia, debería haberse llamado el caso Luengo, máxime porque es por un error de la hoy diputada y miembro de la Mesa del Parlamento regional la que en 1993, como secretaria general, comete una torpeza que ha venido rodando y creciendo hasta hoy como una bola de nieve.
