Pleitesía silenciosa del Ministerio de Exteriores frente a los atropellos del Gorila Rojo

Moratinos pasa de molestar a Chávez por expropiar Agroisleña

Los propietarios de la empresa temen que la pasividad de España propicie nuevos 'saqueos'

Era de esperar. El último atropello del Gorila Rojo a intereses españoles en Venezuela ha tenido la contundencia silenciosa del Gobierno de España. La expropiación de Agroisleña sigue sin recibir la respuesta merecida por parte del ministro de Exteriores. Moratinos se encuentra escondido, tal vez resolviendo otros problemas como eximir a Hugo Chávez de las acusaciones de haber formado a etarras en su territorio.

Los actuales rectores de la empresa, con Luis Enrique Fraga a la cabeza, están convencidos de que la actitud pasiva del Ejecutivo de Zapatero va a propiciar que el Gobierno chavista siga expropiando más compañías de capital español.

Hasta la fecha sólo han movido ficha, con las limitaciones claras al no tener competencias en esta materia, tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Tenerife. Ambas instituciones se están moviendo con rapidez para instar al departamento de Moratinos para que actúe, pero el ministro parece estar a otra cosa.

El temor que tienen los propietarios de Agroisleña es que al final Exteriores dé largas por no querer importunar a Chávez, al que se le defiende a capa y espada por parte del gabinete de Zapatero.

Mientras, los socialistas canarios creen que el conflicto que afecta a esta empresa canaria se resolverá favorablemente a los intereses de España. El portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento canario, Julio Cruz, anunció que su partido está realizando gestiones ante el departamento de Moratinos para conseguir una mediación en el conflicto.

El diputado regional socialista sacó a relucir su bola de cristas y vaticinó que el Gobierno español hará todo lo que esté en su mano para que la seguridad jurídica y los derechos de los empresarios sean respetados.
 
Cruz espera también que las administraciones del Archipiélago intercedan para evitar ataques como éste a las empresas canarias radicadas en Venezuela. Posiblemente, el diputado olvida que ya el Cabildo de Tenerife, isla originaria de los empresarios fundadores de la compañía, fue la primera institución en ponerse manos a la obra para contactar con Exteriores.

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