La cantidad de irregularidades que existen en la Junta en lo que se refiere a materia educativa, pone de manifiesto la gestión interesada y poco transparente del presidente Barreda
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El sindicato educativo ANPE ha anunciado que va a demandar, una vez más, a la Consejería de Educación y Cultura. En este caso, el motivo es por tratar de imponer de «forma coactiva la adscripción de los orientadores funcionarios, con destino definitivo en las Unidades de Orientación de forma obligatoria», a las plazas creadas en los Centros Europeos de Información y Promoción (CEIP).
Ayer se hacía pública la escasa transparencia que existe en el Gobierno regional. Ahora es el sindicato educativo quien publica el bochornoso ocultismo de la Junta de Barreda respecto a la creación y adjudicación de plazas públicas de docentes.
La dura batalla del sector de la educación contra Barreda trae cola. La semana pasada, ANPE denunció las malas condiciones laborales, así como el incumplimiento del acuerdo Marco 2008, por el que se exigía unas condiciones determinadas que garantizarían la calidad educativa en los colegios.
ANPE ha asegurado que la Consejería ha iniciado un procedimiento que «carece de los más elementales principios del actuar administrativo» originando a estas personas «inseguridad jurídica y lesionando los principios de legalidad y publicidad».
En ese sentido, el sindicato ha dicho que la situación es «más grave, si cabe, al ocultar 100 plazas nuevas que serán creadas en breves fechas, según anunció el director general de Personal Docente».
La Consejería, ha señalado ANPE, «en contra» de lo establecido en la Ley Orgánica de Educación (LOE), ha «insistido» en crear en las plantillas de los CEIP plazas de Docentes del Cuerpo de Catedráticos y de Secundaria, «cuando ni Ley ni Tribunales lo permiten».
«Éste más que discutible atropello e irregular procedimiento de adscripción pervertirá el concurso de traslados nacional, siendo preocupantes las consecuencias que pudieran derivarse de este anómalo procedimiento de adscripción, pues puede quebrar la buena marcha del mismo», ha afirmado el sindicato.
ANPE ha asegurado que no puede «callar ante este atropello» al colectivo de orientadores, y ha dicho que «agotará» las instancias, tanto administrativas como contencioso-administrativas para «defender los intereses y derechos de estos docentes a los que la Consejería de Educación coloca en una clara situación de inseguridad, desconfianza, indefensión y merma de derechos estatutarios».
