La consejera de Economía y Hacienda ha reconocido que el tercer trimestre ha sido muy complicado
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La vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, ha asegurado firmemente que para comienzos de 2011 «se podrá hablar» de un inicio de la recuperación económica, aunque en «un contexto de mucha dificultad», debido a las tasas de paro «muy altas» que existen actualmente.
Como si de un monólogo humorístico se tratara, la vicepresidenta ha soltado un guión cargado de reflexiones sobre el gran futuro que le espera a Castilla-La Mancha en 2011. Mientras llega ese periodo de buenas cifras económicas anunciado por la consejera de Economía, su jefe y presidente de la Comunidad considera oportuno seguir controlando los medios de comunicación aunque para ello tenga que inyectar 70 millones de euros anuales en «Tele Barreda». Del mismo modo, el socialista también cree conveniente desembolsar cada año 120.000 euros al director del canal, Jordi García Candau.
La vicepresidenta afirmaba esta mañana «el inicio del fin», aunque, visto lo visto, no queda claro si se refería a la crisis económica o al «chiringuito» socialista instalado en Castilla-La Mancha desde hace 30 años.
Aráujo ha respondido a las preguntas de los medios antes de comparecer en la Comisión de Empleo y Economía en las Cortes, donde tenía que dar cuentas del estancamiento del Producto Interior Bruto (PIB) en el tercer trimestre de este año anunciado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
No sólo son malos los datos del PIB en la región, ya que la reciente subida en octubre del Índice de Precios de Consumo (IPC) en un 1,2%, marca una desvergonzada trayectoria de políticas ineficaces en materia de economía. A pesar de ello, Araújo no ha tenido muy en cuenta esta cifra a la hora de predecir la salida de la crisis anunciada para el año que viene.
Por otro lado, preguntada por la medida que está estudiando el Gobierno central de ligar el sueldo de los funcionarios a su productividad, Araújo ha dicho que la región se sujetará a lo que decida el Ejecutivo nacional, ya que la normativa de los empleados públicos es competencia suya.
No obstante, ha apuntado que es una posibilidad que, en conversaciones del Gobierno regional con los sindicatos de la región, se ha analizado «en términos positivos y razonables».
