El editor-director de El Día ha topado con la implacable Justicia. Los improperios vertidos en sus pastorales casi diarias no han caído en saco roto y la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado estimar la petición del amparo deducida por María Victoria Rosell, magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, ante la desproporcionada, continua e injustificada campaña de descrédito de que es objeto por parte de El Día.
El CGPJ considera que «los artículos y editoriales que han sido publicados en contra de la referida magistrada, más allá del legítimo ejercicio de la crítica de las resoluciones judiciales, pretenden atentar contra la independencia judicial, no se encuentran amparados por el derecho constitucional a la libertad de expresión, y por ello, objetivamente considerados pueden poner en peligro el valor constitucional de la independencia judicial».
«Este elemento, conceptuado como la ausencia de presiones o influencias que, directa o indirectamente, se encaminen a orientar las decisiones judiciales al margen de la exclusiva sumisión al imperio de la Ley, no puede resultar perturbado en un Estado de Derecho por actuaciones como las que sustentan la petición de amparo referida», concluye el CGPJ.
La petición de amparo viene justificada por perlas como éstas: «El colmo de la locura mediática canariona llegó cuando quienes no respetan el ejercicio de una profesión tan digna como es el periodismo, entraron en un terreno muy respetable como es el de la Justicia, y cinco jueces y un fiscal se atrevieron a opinar públicamente sobre los editoriales de esta Casa, animados por los que no aceptan, ni aceptarán jamás, nuestro liderazgo».
Estos movimientos desafortunados, afirma tajantemente José Rodríguez, «que dan fiel reflejo de estos personajes de la comunicación y de la política que se llaman canarios y que no lo son, surgieron después de pasar por el terreno no tan respetable de cierto sector de la cultura de Tenerife que atacó de forma infame a la persona del director de este periódico».
El editorialista apunta que «el fiscal superior de Canarias se permitió decir con suma desfachatez que los editoriales eran un auténtico disparate y que podrían ser objeto de infracción penal».
Más allá, detalla Rodríguez Ramírez, fue el juez decano de La Palmas, Miguel Losada, que aseguró que «sin ningún género de dudas son expresiones xenófobas y racistas e indignas de quien las pronuncia». Indignante, añade el editorialista, «sí es que un juez, sin vestir la toga y sin estar en sala de audiencia, se pronuncie en un asunto como este, porque eso es injuriar públicamente a un medio de comunicación que ejerce como servicio público y que se acoge a la libertad de expresión que garantiza la Constitución. Cabrían hasta querellas criminales por este asunto, pero no lo haremos, aunque sí un Contencioso Administrativo que ya está en trámite».
Continuando con los despropósitos que esta Casa ha tenido que soportar, resalta el defensor del tinerfeñismo, «el magistrado, también de Las Palmas, Miguel Ángel Parramón valoró que las frases publicadas «pueden ser objeto de delito porque tienen un contenido claramente antijurídico», al que se unió la magistrada Victoria Rosell manifestando que la línea editorial «las expresiones me parecen lamentables y sería bueno plantearlas en sede judicial», y el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas, Tomás Martín, aludiendo a que «hay frases en esos editoriales que nos recuerdan hechos históricos que queremos olvidar», y es que la verdad, más que nunca, duele.
Por último, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuya sede hay que recordar que está en la isla de enfrente, Javier Varona, se extrañó de que a fecha 26 de septiembre del año pasado aún no existiera una causa abierta penal contra esta empresa.
Habría que recordarle a este señor, dice el director, «que El Día, a diferencia de otros medios que ahora no vamos a perder el tiempo en nombrar, siempre ha llevado con gran orgullo y responsabilidad su obligación de informar al pueblo de lo que le rodea, y éste se lo ha pagado convirtiéndolo en el periódico de referencia en el Archipiélago, no como otros que pretenden llegar a la cima a costa de desprestigiar y vilipendiar a quien dice la verdad aún a sabiendas de que le puede traer problemas».
Sabemos que estos ataques obedecen a que se creen impunes e inmunes porque, como la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias está en Las Palmas, piensan que los jueces están a disposición de esos medios y de los políticos, pero eso no es así, y es por ello que hemos dicho tantas veces, y seguiremos diciendo hasta el final, que confiamos en la justicia, incluso aunque podamos ser víctimas de ella.
