Nueva demostración de hipocresía nacionalista. Tras no suscribir ni Ana Oramas ni José Luis Perestelo la petición del Grupo Mixto (integrado por NaBai, BNG, EA y CC) para que el Gobierno se pronunciase ante el conflicto del Sahara y que facilitó que se rechazase en la Junta de Portavoces del Congreso la comparecencia de Zapatero para que éste hablase claramente sobre la posición del Ejecutivo con respecto a los incidentes en El Aaiún, ahora Coalición Canaria vuelve a ‘subirse los pantalones’ y le pide cuentas al Ejecutivo central. Todo, por supuesto, a colación de la expulsión de dos cargos electos de CC de ese territorio.
Ahora es la presidenta de la formación, Claudina Morales, la que le exige al Gobierno de España que proteste formalmente ante las autoridades de Marruecos por no haber dejado entrar en El Aaiún al concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé, Juan Antonio de la Hoz, y el consejero de Bienestar Social del Cabildo, Marciano Acuña.
Ambos habían viajado desde Gran Canaria con el objetivo de conocer la situación en la que se encuentra el pueblo saharaui e intentar contactar con las asociaciones de defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, al bajar la escalerilla del avión «les esperaba un nutrido grupo de policías que les hicieron volver a subir a la aeronave. Tras preguntarles su ocupación, el objetivo de su viaje y el tipo de asociación a la que pertenecían, les comunicaron que no eran bienvenidos».
El hecho en sí muestra la escasa fiabilidad que tiene cualquier palabra o hecho de Mohamed VI. Morales aseguró que «resulta inadmisible la soberbia del Reino de Marruecos en un territorio que ocupa contra la legalidad internacional, así como su intento de vetar la entrada a políticos, periodistas y observadores internacionales para seguir actuando con total impunidad contra la población civil saharaui».
La presidenta de Coalición, ante el casi seguro pasotismo del Ejecutivo de Zapatero, también reclamó a las Naciones Unidas y a la Unión Europea que «pongan fin a la dura represión marroquí en el Sáhara y que se inicie cuanto antes una investigación independiente para depurar responsabilidades. No podemos permitir que continúe ni un minuto más el acoso de Marruecos a la población civil y la censura impuesta en El Aaiún».
