El coordinador de Acción Política del PP de Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, se ha preguntado qué tiene que ocultar el Gobierno regional para seguir negándose a hacer una Comisión de Investigación sobre Caja Castilla La Mancha, incluso después de que la Audiencia Nacional haya admitido que existen indicios suficientes para investigar lo sucedido en CCM y teniendo en cuenta que «la Ley de Cajas de Castilla-La Mancha en su artículo 71 establece la competencia de control y vigilancia en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en concreto en la Consejería de Economía y Hacienda».
Labrador, según ha informado en nota de prensa el partido, ha resaltado que el auto de la Audiencia Nacional recoge que atendiendo a los hechos y «en consonancia con lo informado por el Ministerio Fiscal, resulta que, por un lado, estamos ante conductas que, con independencia de su precisa calificación jurídico penal, integrarían en abstracto el concepto material de «defraudación», así como que «nos encontramos ante una serie de conductas que produzcan o hayan podido producir, una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y, fundamentalmente, en la economía nacional».
También ha destacado que el auto de la Audiencia Nacional señala que «el Fondo de Garantía de Depósitos tuvo que aportar 1.300 millones de euros y otros 1.150 millones de euros como garantía de un aval del Estado. La Comisión Europea ha fijado el deterioro de CCM en más de 7.100 millones de euros y, a juicio de la Audiencia Nacional, esto son razones más que suficientes para investigar unos presuntos delitos de estafa, falsedad y administración desleal».
«La Audiencia Nacional también hace referencia a que esta situación motivó el 29 de marzo de 2009 que el Consejo de Ministro ordenara la intervención de CCM y que se dotó de 9.000 millones de euros de dinero público como aval suficiente para rescatar el quebranto que se pudiera producir en la caja, por lo que ve suficientes indicios para investigar un presunto delito defraudatorio contra una generalidad de personas cuyos afectados por el perjuicio patrimonial son los depositantes y acreedores de CCM», ha indicado.
