La socialista Francisca Luengo vuelve a dar una lección de ‘democracia’ al seguir apoyando la medida adoptada por el Gobierno de España sobre el estado de alarma y la presencia de los militares para forzar a los controladores a que regresaran a sus puestos de trabajo. A pesar de que no se cumplían las condiciones para decretar esta situación, entre otras razones porque las 1.640 horas negociadas unilateralmente por el Ministerio de Fomento, estaban prácticamente agotadas, para Luengo «no había otra solución».
La diputada regional intervino en Canarias Ahora Radio y aseguró que «el Estado de Alarma no suspende derechos: los restablece. Se ha logrado que los ciudadanos vuelvan a tener libertad para desplazarse, ya que éramos rehenes de un colectivo minoritario como son los controladores y el Gobierno no tenía otra solución».
Luengo reclamó «plena tranquilidad» a la población, y aclaró que los expedientes a los controladores no irán por la vía militar ni intervendrán jueces castrenses.
La reacción de la parlamentaria del PSOE vino a colación de la intervención en el mismo medio del abogado de la asociación Justicia y Sociedad, José Manuel Rivero, que expuso detalladamente que «nunca se puede aplicar la jurisdicción o el Código Penal Militar a civiles, salvo en el estado de sitio».
Manifestó que «no basta con la paralización de un servicio público como el transporte aéreo para declarar el estado de alarma, sino que también tienen que concurrir otras condiciones propias de una catástrofe natural o epidemia, como el desabastecimiento de artículos de primera necesidad». Obviamente, ninguno de estos supuestos se ha producido
«No se trata de estar defendiendo a los controladores, ya que son una casta corporativa e insolidaria con el conjunto de la clase trabajadora, pero se percibe el estado de alarma un «aviso a navegantes».
