Las formas del alcalde socialista de Ingenio, Juan Díaz, han traspasado los límites de lo tolerable. No sólo se dedica a beneficiar a sus amiguetes que conformaron la plancha electoral subvencionando, por ejemplo, un equipo de baloncesto, sino que también se permite el lujo de jeringar terrenos ajenos, aunque sea a la fuerza y por sus reales decretos o, la última de todas, abonar extras salariales a unos funcionarios municipales y dejar al resto sin esas prebendas. Y sólo por el simple hecho de que hay quienes le bailan el agua y otros no.
El sindicato Comisiones Obreras denuncia que cuatro empleados municipales han pasado a cobrar, desde octubre del pasado año 2010 hasta junio de 2011, un complemento económico adicional que se estima entre los 300 y 600 euros mensuales.
CC.OO explica en El Digital de Canarias que este sobresueldo, denominado por parte de los trabajadores como ‘El Deseado’, intenta ser justificado, sin éxito alguno, por unas supuestas funciones adicionales que, curiosamente, ya venían realizando estos “aristócratas obreros”, que verán ampliamente engordada su nómina con carácter fijo y “al menos” dentro de ese periodo, sin importar los periodos vacacionales o las posibles bajas médicas.
La concejala de Economía, Hacienda y Personal, Maribel Santana, ha respaldado la legalidad de estos conceptos retributivos, al igual que otras medidas manirrotas y autoritarias, sin importarle la discriminación que supone que la gran mayoría de los trabajadores sean compensados con tiempo libre por sus servicios extraordinarios.
MÁS DESMANES
Pero no es esta la única actitud arbitraria del socialista Díaz. Víctor Vega Sánchez, presidente del Club Baloncesto Ingenio y miembro de la plancha electoral del PSOE, recibió más de 11.000 euros de la Concejalía de Deportes, a pesar de estar en una categoría inferior a la del Guarapo, que sólo obtuvo 5.000 euros y que ha optado por borrarse del municipio e inscribirse en la lista de equipos de la capital grancanaria. Evidentemente, para el alcalde sólo han valido los méritos de afiliación política.
Otro desmán del munícipe ha sido la de desalojar a la fuerza a una familia de unos terrenos que, con las escrituras en la mano, le correspondían a ésta. Pero Díaz, que parece entender la ley como un método para salir siempre favorecido, incluso en las circunstancias más adversas, le echó literalmente a la Policía Local para sacarlos de una parcela que no es de titularidad municipal, sino una propiedad privada.
Lo más grave es que el alcalde y el concejal de Urbanismo, Dámaso Vega, reconocen que la propiedad es de esa familia a la que incluso han ofrecido un convenio de permuta, pero que, sin cerrar ese acuerdo, siguen adelante con la obra, invitándoles a ir a los juzgados para que sea un juez el que les imponga compensarle por el atropello, a sabiendas que más tarde que temprano, un juez dictará en contra del Ayuntamiento que tendrá que pagar con dinero público el desaguisado mientras a esa familia se le “roba lo que es legítimamente suyo”.
