El socialista tendrá que dar explicaciones sobre la escandalosa desaparición del dinero de la entidad
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado como imputados el próximo 1 de febrero a los ex directivos de Caja Castilla La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega.
El ex presidente de la caja castellano-manchega y amigo de José María Barreda, Hernández Moltó, ha sido citado el día 1 de febrero a las 17.00 horas. Ortega tendrá que acudir el mismo día a las 17.30.
La entidad fue intervenida por el Banco de España el 29 de marzo de 2009 tras detectar irregularidades en la gestión y, después de un proceso de saneamiento, su negocio bancario se integró en el Grupo Cajastur.
El presidente Barreda se esconde cada vez que alguien le pregunta por el escabroso asunto de CCM. De hecho, el socialista se ha negado en reiteradas ocasiones a crear una comisión de investigación para esclarecer los oscuros sucesos de la Caja.
Hernández Moltó fue nombrado presidente de CCM con los únicos votos de José Mª Barreda y los demás diputados regionales del PSOE, en las Cortes de Castilla-La Mancha.
La Audiencia Nacional se declaró en diciembre competente para instruir la denuncia que habían presentado seis miembros del PP en la asamblea de Caja Castilla La Mancha contra el ex presidente de la entidad, al que se acusa de estafa, administración desleal y falsedad contable
Los socialistas de Castilla-La Mancha están viendo cómo se destapan todos los asuntos que rodean a su gobierno. Desde la creación de un aeropuerto fantasma en Ciudad Real hasta las facturas ficticias del aeródromo, pasando por los escándalos de CCM. Todos estos turbios sucesos pintan muy mal para el presidente aristócrata Barreda y su extenso grupo de amigos de la región.
La denuncia relata que, «como consecuencia de la actuación» de Juan Pedro Hernández Moltó, se tuvieron que desembolsar ayudas multimillonarias para CCM (la Comisión Europea cifró la cuantía necesaria en 7.100 millones), lo que para el juez Ruz «evidencia de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad del tráfico mercantil».
