Por no defender el "aportuguesamiento" del gallego

Un columnista de ‘Galicia Confidencial’ carga contra la RAG

“Funciona como un club con un comportamiento excluyente”

Un columnista de ‘Galicia Confidencial’ carga contra la RAG
Mauricio Castro.

La génesis de esta crítica se encuentra en el rechazo de la RAG a "adaptar nombres y apellidos a criterios reintegracionistas"

El columnista del digital ‘Galicia Confidencial’ Mauricio Castro acaba de publicar un artículo bajo el irónico título «A RAG nom tem por que ser reintegracionista», en el que critica la labor de la Real Academia Gallega por no defender, como hace él, una aproximación al portugués para diferenciar más al gallego del castellano.

En sus líneas, escritas, precisamente, en portugués,  el también portavoz de NOS-UP (formación política nacionalista e independentista) critica que un organismo privado, que funciona como «un club con un comportamiento excluyente», quiera «imponer sus criterios al resto de los gallegos»:

«Mi tolerancia no llega a comprender que esta entidad aproveche las suculentas ayudas económicas y el reconocimiento institucional que le atribuyen las instituciones públicas para decidir con criterios sectarios aquello que es gallego o no lo es y lo que, por ser considerado por ella como ‘portugués’, debe ser etiquetado como ‘inaceptable'».

La génesis de esta crítica se encuentra en un informe enviado por la RAG a la Audiencia Provincial de La Coruña en el que tachaba de «aportuguesamiento» la petición de una joven de Ponte Areas de «adaptar sus nombres y apellidos a criterios reintegracionistas», ejerciendo lo que él considera una «censura legal»:

«No debería esa institución ‘galleguista’ dar argumentos a una justicia abiertamente antigallega para evitar que las personas puedan ejercer su libertad ideológica en materia de lengua. No es admisible que un insostenible informe de la RAG, entidad privada financiada con el dinero de todos, sirva de cobertura ideológica para que una ciudadana gallega vea impedido el ejercicio de sus derechos»

Castro concluye señalando que es «imprescindible» que, «para evitar nuevas arbitrariedades», las instituciones públicas dejen de delegar en un colectivo «ajeno a cualquier proceso de elección democrática» la «capacidad de decidir sobre los derechos lingüísticos de las personas».

 

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