Casimiro Curbelo está acuciado por la Justicia. El presidente del Cabildo gomero y senador socialista teme que el escándalo de unas contrataciones irregulares pueda dar al traste con su ambición de volver a ganar las elecciones. Es más, si las investigaciones que se han puesto en marcha por parte de la Guardia Civil fructifican en pocas semanas, pudiera darse la circunstancia de que Curbelo siquiera pudiera presentarse a los comicios. Y es que la habilidad del político del PSOE para eludir la acción de los juzgados empieza a agotarse a manos llenas.
Lo cierto es que el presidente del Cabildo de La Gomera evitó estar presente el 21 de enero de 2011 en un registro que se efectuó en su despacho en busca de una serie de documentos y de material informático. Posiblemente, quiso huir de las incómodas preguntas a las que podía haber sido sometido por parte de la Benemérita y de funcionarios del juzgado de San Sebastián de La Gomera en relación a unas contrataciones irregulares con determinadas empresas de la isla, todas relacionadas con personal de confianza del Cabildo.
La película de los hechos comienza el 23 de noviembre de 2010. Agentes de la Guardia Civil intervienen las oficinas de la compañía Amaza Tenerife, en Agulo. Se ordenó el desalojo de las dependencias y una vez se intervinieron los equipos informáticos y diversa documentación, los dos propietarios de la empresa y algunos trabajadores fueron conducidos hasta los juzgados de San Sebastián de La Gomera.
Seguidamente, el 2 de diciembre funcionarios de la Benemérita se personan en las instalaciones del Grupo Ramón Arteaga Álvarez, en la capital de la isla, donde proceden de similar manera, requisando material informático y documentos.
Estos dos hechos que, inicialmente, nada tendrían que ver con el ulterior registro en el despacho del presidente del Cabildo de La Gomera, acaban por tener su razón de ser y crear nervios en la corporación gobernada por el PSOE.
El 23 de diciembre, Antonio Velázquez, jefe de Negociado de Obras del Cabildo y José Juan Martínez Aparicio, ingeniero y administrador único de Estudios Gurugú SL entran al Cabildo por el garaje, alrededor de las 20 horas, y permanecen varias horas en la segunda planta, justo en la sede del Negociado de Obras.
A los pocos días, en el garaje aparecen varios contenedores con multitud de documentos triturados y funcionarios de Medio Ambiente de la corporación insular reciben la orden de llevarlos hasta el punto blanco de San Sebastián de La Gomera.
Las verdades de barquero es que el responsable de Estudios Gurugú ha contado con el beneplácito del socialista Curbelo y entre 2004 y 2009 prácticamente todos los proyectos y dirección de obras, así como asesorías técnicas han sido adjudicados a la empresa de Martínez Aparicio por un monto cercano a los tres millones de euros. La gravedad de los hechos estriba en que una sentencia judicial ha declarado la incompatibilidad de su administrador para contratar con el Cabildo gomero.
ABSORCIONES
A pesar de lo emanado de los juzgados, Martínez Aparicio ha seguido gozando de las prebendas del PSOE en el Cabildo. Para evitar problemas de mayor calado, el administrador de la compañía decide que Estudios Gurugú sea absorbido por Alvamar Promociones e Inversiones SL y se ha demostrado que sigue contratando con otra empresa Mapa Ingeniería e Inversiones SLP.
El miércoles 19 de enero de 2011 varios funcionarios de la Guardia Civil se presentan en el Cabildo y requieren la presencia del jefe de Negociado de Obras, Antonio Velázquez, del secretario de la corporación, Santiago Martín, y del presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo. Éste aún se hallaba en Madrid, con lo que los agentes deciden permanecer algunas horas revisando documentación con las otras dos personas presentes en la institución.
Curbelo regresa a la isla el 20 de enero, pero el día 21, cuando los funcionarios de la Guardia Civil y del juzgado de San Sebastián de La Gomera se personan delante de la puerta del despacho del presidente del Cabildo para iniciar un registro, se les comunica que las llaves las tiene éste y que en ese momento no se encontraba en la isla. La secretaría del juzgado comunica que en el caso de no aparecer las llaves procederá a abrir la puerta del despacho por la fuerza, pero curiosamente se acaba encontrando otro juego y los funcionarios pudieron hacer su registro y llevarse una serie de documentos y de soportes informáticos.
Sin embargo, testigos presenciales dieron fe de que a las 11.30 de la mañana el presidente del Cabildo de La Gomera se encontraba en el muelle de San Sebastián para embarcar rumbo a Los Cristianos, en Tenerife, de donde volvió a primera hora de la tarde cuando ya se había acabado el registro en su despacho.
SENTENCIAS
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias declara la incompatibilidad de contratar de Gurugú SL al estar contrastado que su administrador único, José Juan Martínez Aparicio, y la funcionaria del Cabildo, Mary Carmen Olmos Plaza, es cónyuge de éste y socia de Gurugú. No obstante, a pesar de los dictámenes jurídicos, el Cabildo ha seguido contratando con una empresa de Martínez Aparicio.
La incompatibilidad de contratar con el Cabildo también alcanza a la empresa de construcción Amaza Tenerife SL por razones de parentesco. Su administrador, Moisés Amaya Fragoso, mantiene una relación de pareja con la ex consejera de Empelo y Desarrollo del Cabildo, Gladys Chinea Correa, que actualmente es concejal en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, tras la moción de censura del PSOE contra CC. Ambos siguen conviviendo y tienen 2 hijos, aunque ese dato no ha sido suficiente para el TSJC que se vale de un certificado de convivencia aportado por el Consistorio de Agulo, municipio donde radica la empresa.
