El presidente gomero y senador socialista teme una nueva inhabilitación

‘PSOEdilla’ en Curbelo street

Hace 24 años fue impedido en sus funciones de alcalde y tampoco pudo presentarse al Cabildo

'PSOEdilla' en Curbelo street
Casimiro Curbelo.

¿Teme Casimiro Curbelo que la Justicia le pueda dejar fuera de la plancha electoral al Cabildo de La Gomera a pocos meses de celebrarse los comicios? El miedo del aún presidente colombino es más que evidente, máxime porque hace 24 años, cuando iba a concurrir con el PSOE a la máxima corporación colombina, una condena de inhabilitación como alcalde por dar vía libre a una detención ilegal le impidió, precisamente, poder liderar la lista al Cabildo. Eso sí, a los socialistas amigos siempre se les busca un echadero y éste fue el Parlamento de Canarias.

Ahora, con todos los escándalos que están saliendo en relación a las contrataciones irregulares del Cabildo de La Gomera, el presidente insular teme que la acción de la Justicia pudiera ser implacable y que, como sucediera en 1987, quedase inhabilitado para presentarse al cargo.

De ahí que la táctica de quienes le rodean sea la de defenderse ciegamente, amenazando con querellas por doquier para intentar amedrentar a los pocos medios que han tenido la valentía de destapar los desmanes de un político acostumbrado a hacer lo que le venga en gana. Su poder es tal que lleva varias legislaturas también gozando de la vagancia suprema en el Senado. Nadie le pide que rinda cuentas o, mejor dicho, intervenciones. El folio de sus actuaciones en la Cámara Alta presenta una blancura que ya la quisiera para sí el mejor detergente del mercado.

Curbelo, a pesar del poder que emana de su persona, sabe que no es inmune a los tribunales y que en 1987 vio frustradas sus ansias de poder al desestimar el Tribunal Constitucional el recurso de amparo presentado por el político del PSOE en relación a su inhabilitación para encabezar la plancha al Cabildo.

Fue entonces el Centro Democrático y Social, el partido de Adolfo Suárez, quien se atrevió con valentía a interponer la denuncia correspondiente para evitar que Casimiro Curbelo gozase de la posibilidad de concurrir como número uno a la máxima institución de la isla colombina. El argumento era claro e irrefutable. El que fuera alcalde de San Sebastián cumplía pena de inhabilitación como alcalde por espacio de seis meses y un día por un delito de detención ilegal y eso también conllevaba que tampoco pudiera presentarse a cargos similares, como el de presidente del Cabildo.

INSISTENCIA

Pese a todo, inicialmente, la Junta Electoral de Zona de San Sebastián de la Gomera y la Junta Electoral Provincial proclamaron, respectivamente, al citado candidato del PSOE por ambas listas, al Cabildo y al Parlamento, por considerar que no quedaba incurso en causa de inelegibilidad para el Cabildo Insular ni para el Parlamento regional. El recurso del CDS logró anular las pretensiones cabildicias, pero no la posibilidad de que acudiese como número tres a la Cámara autonómica.

Pero el PSOE no se conformaba y llegó hasta el Tribunal Constitucional para pelear el puesto de Curbelo como candidato al Cabildo. Llegó a argumentar en la máxima instancia judicial que ser inhabilitado como alcalde no era incompatible con presentarse a la corporación insular. El TC, en cambio, se basó en la sentencia de 15 de mayo de 1987 de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife donde se entiende correctamente que los términos del fallo condenatorio, «así como la posibilidad de obtener otro en ese tiempo», hacen referencia al art 38 del Código Penal, que determina que «la suspensión de un cargo público privará de su ejercicio al penado, así como de obtener otro de funciones análogas por el tiempo de la condena».

El Tribunal Constitucional dejó sentado la analogía entre el cargo de alcalde y el de presidente-consejero del Cabildo por lo que quedaba afectado por dicha inelegibilidad para dicho cargo mientras durase la condena y, como no se había cumplido el tiempo, el PSOE debía presentar a otro candidato, tal y como ya había dictado sentencia la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

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