Comunidades autónomas de signo político contrario como la manchega y la gallega se quejaron este lunes del poco dinero que reciben del Estado para hacer los deberes que les encomienda, y por eso apostaron por impulsar «medidas eficientes» que a juicio de Castilla-La Mancha pasan por mantener el «endeudamiento prudente» para poder seguir prestando servicios como los de salud o atención a la dependencia.
Y es que, según Fernando Lamata, consejero de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha, si bien la solución a los problemas de financiación de las CCAA pasa por «tocar el modelo fiscal», no es una medida que pueda aplicarse en este momento de crisis, por lo que lo único que queda para poder prestar a los ciudadanos los servicios que les corresponden por ley es el endeudamiento, «prudente», eso sí, de las autonomías.
Lamata hizo estas consideraciones en la presentación de «Salud y dependencia; matrimonio o divorcio», un libro sobre la conveniencia o no de la integración de los sistemas sanitario y de Dependencia en la España actual de las autonomías, escrito por tres economistas y editado por Círculo de la Sanidad.
En su intervención, el consejero manchego consideró que para que las CCAA puedan adecuar la recaudación fiscal que reciben del Estado al «compromiso» del gasto que les supone la aplicación de leyes como la de la dependencia será necesario aumentar los impuestos, aunque no ahora, de tal manera que el Gobierno central recaude más dinero y tenga, por tanto, también más para repartir entre las comunidades.
Sin embargo, insistió Lamata, esta subida de impuestos «no es prudente ahora», cuando la crisis económica es patente todavía, por lo que la única solución que les queda a las autonomías para poder cumplir con sus deberes es el endeudamiento.
«TRAMPA MORTAL»
Por su parte, la consejera de Sanidad de Galicia, Pilar Farjas, denunció que si las CCAA no pueden hacer frente a la atención a las personas en situación de dependencia como deberían es por que el Gobierno central les ha tendido «una trampa mortal» que les obliga a dar cobertura a más personas con menos recursos.
Para Farjas, como para los autores del libro, lo mejor hubiera sido paralizar el calendario previsto en la Ley de Dependencia y no atender este año, tal y como estaba previsto y como finalmente se hace, a los dependientes moderados, y menos aún si el Ejecutivo central recorta la financiación a las CCAA.
La posibilidad de paralizar la aplicación de la norma de la Dependencia es, en efecto, una de las recomendaciones que hace el libro presentado este lunes, que aboga también por dar mayor importancia a las ayudas preventivas, por disminuir las prestaciones económicas de cuidadores informales y por evaluar las medidas que se ponen en marcha antes, durante y después de su ejecución para aprender de los errores y rentabilizarlas al máximo.
COORDINACIÓN, SÍ
En cuanto al abordaje conjunto de los servicios sanitarios y sociales, el texto es partidario de una necesaria coordinación sociosanitaria, pero no tanto de una integración en el mismo sentido, tal y como explicó Juan Oliva, uno de sus autores.
«En el contexto español», asegura el manual, «la integración de servicios está lejos de poder realizarse», lo que no significa que sea viable estudiar modelos intermedios de colaboración o coordinación de servicios sociales y sanitarios, como puede ser la integración de sistemas de información, manteniendo, eso sí, una gestión de servicios coordinada, pero separada.
