Rivero anuncia, a menos de dos meses vista para las elecciones autonómicas, un recorte aproximado de 100 millones de euros con la erradicación de siete de las 32 empresas públicas dependientes del Gobierno de Canarias, sin contar la casi veintena de organismos de titularidad pública que también están en la órbita del Ejecutivo.
Sin embargo, la gran duda que deja este pomposo plan de ahorro es saber qué pasará con los empleados que desempeñan sus funciones en las empresas afectadas por el tijeretazo y de qué partidas se va a conseguir ese ahorro de 100 millones.
De momento, el presidente autonómico ha anunciado que su apuesta es la de «mantener el empleo público» y añade que «el cierre o la desaparición de estas empresas no supone que tengamos que hablar de despidos». Rivero insistió en que este recorte «supondrá que las empresas tendrá que ajustarse a las directrices que dicte el Gobierno», para lograr «un ajuste del gasto público».
Lo curioso del anuncio del mandatario nacionalista es que hace unos meses se produjo un severo enfrentamiento entre Coalición Canaria y quien por entonces ocupaba la cartera de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, quien era partidario de proceder a un recorte de consejerías y empresas públicas. Desde CC se tildó la medida de «eslogan electoral».
¿COPIA?
Otro dato a tener en cuenta es la rapidez que le ha entrado a Rivero por meterle mano a este asunto. Dos días antes, el líder del PP había esbozado un ambicioso plan de ahorro institucional en el caso de obtener la confianza del electorado canario para gobernar a partir de la noche del 22 de mayo.
Ese proyecto comprende el diseño de un Gobierno con un máximo de ocho consejerías y una reducción del 30% en altos cargos, suprimiendo viceconsejerías y direcciones generales, pasando de los 110 actuales a 76 personas de confianza en esos puestos de relevancia, determinando una estructura similar en cada una de las consejerías, pero atendiendo al volumen de trabajo y dimensión de cada una de ellas. El resto de personal de confianza caería en un 40% sobre el centenar aproximado hoy existente. Y en cuanto al número de empresas y organismos públicos no pasarían de 25, aproximadamente la mitad de los que hay a fecha de hoy.
