Casimiro Curbelo sigue en el ojo del huracán judicial, según cuentan los compañeros de El Digital de Canarias, esta vez a cuenta de los conchabeos con el Servicio Canario de Empleo. El presidente socialista del Cabildo de La Gomera es un misterio dentro de otro misterio. Ha gobernado y gobierna con mano de hierro la isla colombina, aunque en este final de legislatura, se encuentra debilitado especialmente por los embates de la Fiscalía que tiene a la Policía Judicial de la Guardia Civil en guardia y preparada para actuar de manera más contundente, cuando comience el baile, que puede acabar con el reinado insomne y terrible del por ahora cargo más poderoso que existe en la familia socialista canaria.
Curbelo controla un caladero de votos, venido a menos por mor de las limitaciones a los no residentes, como es Venezuela y ha colocado a uno de los suyos en la secretaria de organización para que le controle a José Miguel Pérez y pelea cada voto hasta la extenuación no solamente en La Gomera sino en el sur de Tenerife, donde viven centenares de paisanos, tantos, que hace poquito se celebró una comida, tradicional además en épocas de precampaña, en la Bodega Cumbres de Abona y allí estaban todos los que tenían que estar. Para ejercer ese omnímodo poder político hay que tener controlado las instituciones, ya sea el Cabildo como los Ayuntamientos.
Y teniéndolos como los tiene este cacique en el paisaje político canario, solamente comparable con Dimas Martín, aunque a Curbelo le falta un caso Unión, aunque por ahí van los tiros, es normal que sucedan cosas como este informe de un interventor, que a pesar de ser accidental, se tuvo que poner en su sitio, cuando en el 2009, porque la información para conseguirla también es una odisea, le dijo que no a sus “contrataciones de personal de apoyo a las distintas dependencias técnico-administrativas del Cabildo de La Gomera” porque había contratado al personal “con omisión completa de expediente administrativo que lo sustente».
En concreto, Curbelo seguía «sin cumplir los requisitos de oferta genérica a las oficinas del SCE, lo que atenta contra los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, libre concurrencia; contratación vulnerando las prohibiciones establecidas por la ley 2/08 de 22 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado; fomento de las circunstancias que provocan que muchos trabajadores puedan reclamar un puesto fijo en este Cabildo al estar contratados más de 24 meses durante un período de 30 meses, que puede provocar un colapso económico o un grave perjuicio económico a esta corporación; aplicación del mismo convenio pero de diferentes anualidades, que puede provocar la aplicación de un convenio no vigente; la existencia y abono de pluses que no encuentran justificación alguna, incluso inexistentes en el convenio que le es de aplicación, creando situaciones que no tienen amparo jurídico alguno y creando, en otras, situaciones de verdadera discriminación de unos trabajadores respecto de otros, incluso contando con la misma categoría”.
