Coalición Canaria cae en un nuevo engaño del Gobierno de Zapatero y ya van unos cuantos incumplimientos. El último de todos, no obstante, resulta el más nimio de todos. ¿Se acuerdan ustedes de lo de las aguas canarias? Pues esa promesa del inquilino socialista de la Moncloa aún no se ha hecho patente y, visto el chantaje del PNV con Bildu, pues ahora los nacionalistas canarios se escudan en la aplicación de esa Ley de Aguas de Canarias para condicionar su próximo apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.
José Luis Rodríguez Zapatero ha tratado de tranquilizar al senador nacionalista Alfredo Belda garantizándole que la aplicación de la Ley de Aguas de Canarias aprobada en diciembre pasado será objeto de diálogo en el encuentro que tiene pendiente de celebrar con el presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, en próximas fechas, aunque curiosamente ambos mandatarios tuvieron una ocasión de oro para haberse visto este pasado fin de semana en las Islas… pero a ninguno de los dos les interesaba hacerse la foto en estos instantes. Quizá, pasado el 22 de mayo, si es que Rivero renueva la confianza del electorado, que en sí no la tuvo en 2007 y gobierna gracias al pacto (hoy roto) con el PP.
Belda amenazó veladamente al presidente español al decirle que «no cometa la torpeza de que por un incumplimiento de las consecuencias de lo acordado, su Gobierno vaya a perder también el apoyo de CC».
Zapatero replicó que en la subcomisión de Costas de la Comisión Canarias- Estado ya se está teniendo en cuenta la nueva ley en vigor y que espera que exista un proceso de diálogo y colaboración con el Gobierno de Canarias respecto al traspaso de competencias.
AVISO A NAVEGANTES
Lo cierto es que esta aplicación de la ley tiene sus reparos. En noviembre de 2010, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió públicamente que «nunca se va a comunicar cambio normativo alguno porque no lo va a haber», en expresa referencia a que el Ejecutivo estatal no va a comunicar nada a las instituciones internacionales que velan por el cumplimiento del Derecho de Mar Internacional, que pudieran modificar el carácter de aguas internacionales que existen entre Tenerife y Gran Canaria y entre Gran Canaria y Fuerteventura.
Rubalcaba reconocía públicamente que el acuerdo alcanzado entre el PSOE y CC no va a suponer un incremento de competencias para Canarias. «Ni siquiera sobre las actuales aguas jurisdiccionales españolas (12 millas sobre el perímetro de cada isla)».
Para lograr mayores competencias sería necesaria la ampliación del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y una modificación del Estatuto de Autonomía que en su artículo 2 debería contemplar a las aguas de jurisdicción española e incorporar nuevas competencias acordes a esa nueva realidad territorial.
