El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, presentará el próximo miércoles en el Congreso el informe de fiscalización sobre la gestión urbanística del Ayuntamiento de Seseña (Toledo) en el que se concluye que la Junta de Castilla-La Mancha, que entonces presidía José Bono, podía haber «impedido» con su actuación algunas de las irregularidades cometidas desde 1996 en el municipio toledano, en el que el «elevado desarrollo urbanístico» se vio plagado de «deficiencias y riesgos de control».
En la que previsiblemente será su última comparecencia parlamentaria ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas antes de la disolución de las Cortes, Núnez expondrá las conclusiones a las que llegó el órgano fiscalizador en el informe que aprobó en junio de 2010.
Esta fiscalización se envió a la Fiscalía Anticorrupción para su incorporación al procedimiento abierto en 2006 y que dio lugar la imputacion por los posibles delitos de prevariación y cohecho del ex alcalde socialista de Seseña José Luis Martín.
Tras la aprobación del informe, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas dejó claro que su trabajo en relación con la política urbanística de Seseña (Toledo) a raíz de la urbanización promovida por el constructor Francisco Hernando ‘El Pocero’, no implicaba opinión alguna sobre el gobierno castellano-manchego ni sobre quien fue su presidente, José Bono, actual presidente del Congreso.
En ese sentido, subrayó que «los indicios de delito que podrían haber sido hallados» como consecuencia del informe del Tribunal de Cuentas «no se encuentran relacionados con la actividad de autoridades o funcionarios de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha».
El Tribunal de Cuentas expone el resultado de la fiscalización de la gestión urbanística del municipio toledano en un periodo de 11 años, que se vio dificultada por la inexistencia de procedimientos, registros administrativos y contables y expedientes completos en el periodo entre 1996 y 2002, y realiza una serie de recomendaciones a la corporación municipal para que mejore sus procedimientos de control, en especial en lo referido a urbanismo.
Pero, además, envía un mensaje al Gobierno que estuvo presidido hasta 2004 por Jose Bono: «En Seseña, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debería ejercitar, en el ámbito de sus competencias, las funciones de ordenación, control, inspección, sanción e intervención que el ordenamiento vigente le otorga y que de haberse practicado adecuadamente prodrían haber impedido parte de las irregularidades y modificaciones del planeamiento no justificadas en el interés general».
NI ESTRUCTURA ORGANIZATIVA NI PERSONAL ADECUADO
En concreto, en el periodo de 1996 a 2002, en relación con la organización y los procedimientos de gestión del ayuntamiento, el informe destaca la ausencia de una estructura organizativa definida y adecuada a las características y necesidades del municipio, principalmente por la inexistencia de Reglamento Orgánico, Relación de Puestos de Trabajo y normas de funcionamiento.
También tilda de la inadecuada concentración de las funciones de secretaría e intervención y el incumplimiento de las obligaciones que lleva implícita la sujeción de las Entidades Locales al régimen de contabilidad pública que prevé la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, en general, la normativa que regula la actividad económica, financiera, presupuestaria y contable del Ayuntamiento, sin que exista evidencia de llevanza de contabilidad en los ejercicios 1996, 1997, 1998 y 2001, ni de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 1996 a 2002.
Finalmente, para este periodo también denuncia la inexistencia de registros administrativos de las operaciones y de expedientes completos que soporten y documenten la actuación municipal, el inadecuado control de los caudales y bienes públicos y la falta de transparencia de la gestión municipal.
Esas deficiencias organizativas y procedimentales se mantuvieron entre 2003 y 2007, aunque se solventaron en su mayor parte las relativas a las carencias de los registros administrativos y contables de los expedientes. Además las cuentas referidas a los ejercicios 2003-2007 se elaboraron con conformidad con la ley.
En relación con la organización y procedimientos de gestión urbanística en el periodo fiscalizado, el informe establece que, a pesar del desarrollo urbanístico desplegado por el municipio, no contó con medios humanos suficientes para atender las funciones públicas que lleva implícita la gestión urbanística, lo que ocasionó la inexistencia de supervisión, así como la tramitación de expedientes sin contar con los necesarios informes técnicos y jurídicos.
En este particular, también identifica carencias e incumplimientos en las Normas Subsidarias del municipio y el Planeamiento definitivo y critica que no se realizara ningún plan, estudio de previsiones o programa para planificar actuaciones que garantizasen la satisfacción de la demanda creciente de servicios públicos, ante las previsiones de incremento de superficie de suelo urbano y de población.
Asimismo, denuncia «debilidades» en la tramitación administrativa de los Programas de Actuación Urbanizadora (PAU), tales como la inexistencia de procedimientos administrativos normalizados o que se permitiera la entrada de documentos en el Ayuntamiento sin pasar por el registro general y sin el visado del correspondiente registro oficial.
FALTA DE CONTROL EN CONVENIOS
Las deficiencias son numerosas también en el control de los convenios urbanísticos, el de los bienes y recursos del patrimonio municipal del suelo y de los bienes de dominio público con destino dotacional, en relación con las licencias de obras y el control, protección y disciplina urbanística.
En concreto, entre otros asuntos, el informe detecta que en un 41% de las actuaciones urbanísticas analizadas se verificó la realización de actuaciones de urbanización o edificatorias por el promotor con carácter previo a la aprobación y adjudicación del PAU, lo que supone la vulneración de los principios de objetividad, transparencia e imparcialidaed que deben presidir la actuación pública en materia urbanística. Además, en el 67% de ellas, se presentaron todos o algunos de los documentos sin el visado del Colegio Oficial correspondiente.
Asimismo, examina al detalle la actuación del PAU de ‘El Quiñón’, promovida por el constructor Francisco Hernando, ‘El Pocero’, que supuso la reclasificación de 1,8 millones de suelo rústico a suelo urbanizable de uso residencial e implicó la creación de de un nuevo núcleo de población, con una configuración urbanística de una densidad «muy alta» y edificabilidad próxima al límite.
El informe sostiene que el Pleno municipal que aprobó la propuesta de reclasificación no respetó la secuencia lógica de ejecución del planeamiento prevista en las normas subsidiarias aprobadas y fue aprobada sin «fundamentación y soporte alguno, no estando justificada la edificabilidad y densidad residenciales en análisis de viabilidad, ni en estudios de mercado que permitan pronunciarse sobre su adecuación».
Asimismo, también denuncia que el informe de evaluación ambiental previa y el de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, o bien se emitieron con posterioridad a la fecha de aprobación en el Ayuntamiento o bien se recibieron con posterioridad.
El informe indica que las relaciones económicas del Ayuntamiento con las empresas Promociones del Saz 2000 y ONDE 2000, de ‘El Pocero’, derivadas de las actuaciones urbanísticas en las que participaron como agentes urbanizadores, dieron lugar a derechos a favor del Ayuntamiento por un importe de 2,97 millones de euros.
