El PPdeG garantiza «el mantenimiento» de todos los servicios del Hospital de Monforte (Lugo)

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Santalices, ha asegurado que «no desaparece ningún servicio» del Hospital de Monforte, y «se garantiza el mantenimiento de todas las especialidades» del área de gestión integrada, aunque ha apuntado que «hay que caminar» en el próximo decreto para la provincia de Lugo de estructura orgánica del Sergas en línea con el publicado para Ourense –en el que se suprime el área de Valdeorras– para «gestionar la primaria y la especialidad».

En la Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego, el Grupo Parlamentario Popular ha rechazado una proposición no de ley del BNG relativa a la estructura organizativa y gestión integrada del Servizo Galego de Saúde de Monforte, puesto que ha asegurado que se garantiza el mantenimiento de esta área sanitaria, así como de los servicios de atención primaria y especialidades, y ha negado que se vaya a desmantelar el Hospital.

De este modo, Santalices ha apuntado que a los ciudadanos «no les preocupa» que se centralicen compras para las áreas sanitarias, sino que «la misma prótesis de Lugo se implante en Santiago».

Al respecto, la diputada nacionalista Isabel Sánchez Montenegro ha advertido de las «consecuencias gravísimas» de la posible pérdida del área de gestión sanitaria integrada de Monforte –para lo que ha puesto como ejemplo la supresión del área de Valdeorras (Ourense) y O Salnés (Pontevedra)–, algo que afectaría a «miles de ciudadanos» que, según ha dicho, se sentirían «engañados».

En esta línea, Sánchez Montenegro ha alertado sobre la posibilidad de un nuevo organigrama del Hospital de Monforte, con el que éste quedará «subordinado» al gerente de gestión integrada en Lugo, lo que supone un «control» en los recursos humanos y financieros. Por este motivo, ha indicado, el gerente ejecutivo de Lemos «solo podría gestionar recursos que se asignen desde Lugo», sin capacidad de interlocución directa con el Sergas.

Así, ha pedido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que «cumpla con la palabra dada» para que se mantenga el área sanitaria de Monforte. Al respecto, el BNG ha criticado también que los ciudadanos de Lemos «todavía están esperando» por 400.000 euros que, según ha recriminado, la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, comprometió aportar para arreglar la fachada del hospital.

Por su parte, la diputada socialista Carmen Acuña se ha referido a diversos casos en los que, a su juicio, el Partido Popular «ha mentido» en los últimos años, para ligarlos con el caso de las áreas sanitarias. En concreto, ha puesto sobre la mesa la vinculación que realizó en su momento el PP de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid con ETA, una cuestión que el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Santalices, le ha reprochado

CENTROS DE INFORMACION

En otro orden de cosas, en esta misma Comisión, el Grupo Parlamentario Popular ha vetado una proposición no de ley de los socialistas gallegos en la que abogaban por un estudio para analizar la evolución y la situación actual de los centros de información a mujeres alegando que «ya se está haciendo» un seguimiento a estos.

Tras apuntar que, desde la llegada del PPdeG al poder, se abrieron siete nuevas oficinas en Galicia, la popular Rosa Oubiña ha reprochado que, en contraposición, las oficinas de I+B abiertas durante el Gobierno bipartito «solo servían» para que socialistas y nacionalistas «se controlasen» entre ellos.

La diputada socialista María del Carmen Cajide, por su parte, ha acusado al Gobierno gallego de rebajar este año «un 80 por cierto» las aportaciones a estos centros, al tiempo que ha censurado que «muchos» ayuntamientos deben poner recursos propios para garantizar su funcionamiento.

Además, ha criticado que el Ejecutivo autonómico haya presentado datos sobre esta cuestión «en Portugal» y no en Galicia –después de que la diputada popular hiciese mención a un informe llevado al país vecino–, al tiempo que ha acusado al PPdeG de «mentir» respecto a la situación de estos centros a los que «pone la soga al cuello».

Al respecto, los socialistas han recriminado la situación en la que «se rebajan ayudas» a los centros que no cuenta con personal fijo cuando «casi la totalidad de los centros son de personal eventual». Por su parte, la diputada nacionalista Ana Luisa Bouza ha llamado la atención sobre la necesidad de «racionalizar» los criterios de sostenibilidad de estos centros «buscando la colaboración entre ayuntamientos».

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