La Generalidad retrasará el pago a geriátricos y residencias concertadas de discapacitados de los últimos dos meses. Esta medida, según patronales y entidades del sector, afectará a 142.000 usuarios y 50.000 trabajadores del sector social.
Según fuentes del sector, consultadas por Europa Press, esta medida, anunciada este 27 de septiembre de 2011, afectará sobre todo a las «pequeñas cooperativas», que son las empresas casi familiares que dependen absolutamente de las subvenciones públicas.
Fuentes de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD) han lamentado que esta decisión de la Generalidad «vulnera un derecho fundamental». En este sentido, se ha conocido que la directora general del Instituto Catalán de Asistencia Social (ICASS), Carmela Fortuny, comunicó recientemente que el impago será del 100% de la cuantía de de la Ley de Dependencia a los enfermos-ancianos ingresados en centros concertados, y será del 35% a los ingresados en centros colaboradores.
PODRÍA SER MÁS DE DOS MESES
La duración del impago será inicialmente de por lo menos «dos a tres meses, pudiendo ser más», y el principal problema es, según fuentes del sector, que el dinero adeudado no saben cuando lo pagarán, a diferencia de lo que sucede con las patronales sanitarias que este mes sólo recibirán el 65% del pago y ésto lo recuperarán antes de final de año.
«Todo ello no lo comunicarán por escrito», ha indicado una fuente de ASCAD, que ha advertido de que ante la gravedad de la situación de abandono que supone de los cuidados que precisan los centros gerontológicos, directores, patronales y familiares se están postulando establecer diferentes demandas.
Por su parte, la Generalidad ha indicado que el retraso será de un mes ampliable a dos por «problemas de liquidez» por la punta de demanda que se produce en este periodo del año.