El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ha destacado que la ‘Operación Campeón’, que investiga una supuesta trama de concesión de ayudas ilegales, no solo implica al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) –cuyos exdirector xeral y subdirector xeral de Información Especializada están imputados y apartados de su puesto desde el pasado mes de mayo–. En opinión del responsable autonómico, esto se «puede demostrar perfectamente, porque, por lo que parece, implica a muchas personas».
A preguntas de los periodistas antes de participar en la constitución del Consello Galego de Comercio, Guerra ha señalado que la situación laboral de Joaquín Varela de Limia y Carlos Silva –director y subdirector xeral, respectivamente– es la misma que hace más de cuatro meses, cuando fueron apartados de sus cargos.
Así, Varela de Limia está «suspendido de empleo y sueldo», por lo que «no tiene ninguna relación con el Igape», con el propósito de que «pueda defender, por supuesto, su honradez y su honestidad», ha subrayado Guerra. Y Silva, por contar con un «régimen diferente» –tiene contrato laboral como funcionario–, desarrolla «otro puesto dentro de su escala» en el organismo, pero también fue «apartado de su labor de subdirector».
«Nosotros no podemos valorar las opiniones de parte de este sumario. No conocemos el sumario, y usted no creo que lo conozca tampoco», ha sentenciado el conselleiro de Economía cuestionado por las informaciones que apuntan a que Silva, presuntamente, recibía el 10% de las ayudas ilegales que concedía el Igape.
SUMARIO SECRETO
Frente a esto, Javier Guerra ha constatado que se trata de «un sumario secreto», aunque ha añadido: «Nos gustaría que no fuera secreto, pero hasta el momento lo es». En el organismo de promoción económica, ha asegurado, «las cosas siguen trabajándose con total normalidad».
«Yo mismo me encargo, personalmente, digamos hasta casi de la gestión diaria de todo el tema de Igape, y estamos trabajando con absoluta normalidad, como se puede comprobar en todas las empresas a las que estamos apoyando en este momento», ha incidido.
Así las cosas, Guerra ha eludido «hacer un comentario sobre algo que es una opinión de un señor que está en un sumario que hasta este momento es secreto». «Las informaciones que salen en este momento son de una de las personas incausadas», ha concluido, en alusión al empresario lugués Jorge Dorribo.
OPERACION CAMPEON
La ‘Operación Campeón’, en la que su principal encausado, Jorge Dorribo, intenta implicar al ministro José Blanco y a los ya exdiputados autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG), que presentaron su dimisión al hilo de estas acusaciones, se destapó a finales del pasado mes de mayo. Según ha publicado ‘El Mundo’, el empresario farmacéutico, muy conocido en Lugo, ha declarado ante la jueza que lleva el caso que pagó a estos tres políticos comisiones a cambio de su mediación para conseguir ayudas públicas.
El 24 de mayo, la jueza del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, Estela San José, ordenó inspeccionar, en esa ciudad, las sedes de laboratorios ‘Nupel’ y de Proitec, que se dedicaba a gestionar ayudas públicas, mientras que agentes del servicio policial de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, se desplazaron al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), en Santiago de Compostela. Se llevaron a cabo un total de 12 registros en sedes empresariales y domicilios particulares.
En total, fueron detenidas 15 personas, incluidos el empresario Jorge Dorribo; el director general del Igape, Joaquín Varela de Limia Cominges, y el subdirector de Información Especializada, Carlos Silva Liste. El Igape es un ente dependiente de la Consellería de Economía de la Xunta encargado de distribuir ayudas públicas a empresas y proyectos emprendedores.
A estas 15 personas, entre las que también figuraban directivos y personal de Nupel y de empresas colaboradoras, se las relacionó con una trama para defraudar subvenciones públicas. La operación fue bautizada como Campeón y se centra en investigar delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
De todos los detenidos hasta ese momento, sólo Jorge Dorribo, quien figuraba como apoderado de más de una veintena de empresas, fue enviado a la cárcel de Bonxe, donde permaneció durante dos meses y medio. Las otras 14 personas quedaron en libertad con diversas imputaciones.
Así, el director general y el subdirector del Igape quedaron en libertad y sin medidas cautelares, pero siguen imputados. Aunque la Agencia Tributaria atribuyó a ambos «presunto asesoramiento» a los directivos de los laboratorios farmacéuticos Nupel y la asesoría Proitec para montar una trama que les permitiese obtener subvenciones destinadas al fomento de nuevas inversiones en empresas «por un importe elevado», por el momento se desconocen los cargos exactos que se les imputan porque se mantiene el secreto de sumario.
Nupel contó en esta legislatura con un crédito de 2.956.919 del Igape, mientras que recibió ayudas por valor de 1.545.026 euros de este órgano y de la Dirección Xeral de I+D+i durante el bipartito, cuando dirigía la Consellería de Industria Fernando Blanco, a quien ahora Dorribo ha señalado como supuesto beneficiario de comisiones irregulares a cambio de ayudas públicas. Se da la circunstancia de que el que fuera jefe de gabinete de Fernando Blanco, Xoán Bazarra, se convirtió en gerente de una empresa de Dorribo en Andorra.
Fernando Blanco dimitió como diputado del BNG y rechazó ir en las listas del BNG al Senado, aunque defendió su inocencia, al igual que Pablo Cobián, quien ya presentó su renuncia el pasado martes, tanto como diputado como concejal en Oleiros (A Coruña). Por su parte, el ministro de Fomento y portavoz del Ejecutivo, también acusado de cobrar comisiones a cambio de su intermediación para obtener ayudas públicas, tachó de «rotundamente falsas» las acusaciones de Dorribo e iniciará este jueves acciones civiles y penales en los Juzgados de Lugo contra él.
JUEZA CONOCIDA
La jueza Estela San José es conocida en Galicia porque hace casi dos años instruyó la causa sobre una trama que explotaba a marroquíes en granjas de la provincia de Lugo y fue la que levantó la trama de la retirada fraudulenta de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico.
Además de la dimisión del jefe provincial de Tráfico, el caso provocó la dimisión del entonces subdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero. De los pinchazos telefónicos de esa investigación, posteriormente fueron detenidos el alcalde de Castro de Rei, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales, entre otros cargos, acusados de prevaricación y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en obras públicas.
