Califica la permuta de “extraña” transacción en la que bailaron 900.000 euros
El ex senador socialista y presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, recibió a finales de 2004 una sociedad -Chewy West- con un patrimonio inmobiliario y de suelo valorado en 900.000 euros.
Se la entregó su antiguo socio Antonio Pérez. A cambio, Curbelo -responsable de urbanismo- se comprometió a recalificar una finca de Pérez, promesa que cumplió un año después.
La Fiscalía aprecia ahora que la operación es «extraña», «sin ninguna lógica comercial», y ve en ella indicios de delito de cohecho.
Según el Ministerio Público, esta tenía como fin último nuevas recalificaciones por parte de Curbelo que beneficiaban a ambas partes, ya que el mismo ex senador socialista tenía parte de El Lamero, la finca de Pérez.
El compromiso, realizado a través de «un acuerdo extrajudicial» después de que el cargo socialista perdiese su empresa un año antes, era urbanizar totalmente El Lamero y solucionar otro asunto urbanístico en Encherada, que afectaba directamente a Antonio Pérez, el primer propietario de Chewy West. A cambio, este aceptaría la citada permuta de empresas.
Según el informe de la Fiscalía, el 3 noviembre de 2004, el imputado Antonio Pérez, médico de La Gomera que aparece en otras operaciones de Curbelo, constituyó Chewy West con un capital social de 889.000 euros, aportado por dos sociedades de Pérez: Edifico Tania y Tecina.
La primera disponía de tres locales y dos viviendas contiguas al edificio donde reside actualmente Curbelo, valorado todo en 403.000 euros. La segunda empresa aportó 12.999 participaciones de la sociedad Lameros del Barranco, valoradas en 486.394 y que suponían un 14% del total.
Como administrador único de Chewy West se nombró a Fortunato Arteaga, otro imputado, habitual en los negocios de Curbelo, que no aporta bienes ni participaciones y del que el informe de la Fiscalía asegura que es claramente «un hombre de paja» en la operación.
En diciembre de 2004, un mes después de constituirse Chewy West, se produjo la permuta de la totalidad de las participaciones sociales de dicha entidad, que Pérez entrega a Curbelo a cambio de 166 participaciones de Estudio Gomera.
Estas últimas participaciones, sin embargo, ya no pertenecían a Curbelo después de una sentencia judicial de 2003, que se las entregó precisamente a Antonio Pérez.
Ese mismo día cesa en el cargo el imputado Fortunato Arteaga, que en su declaración admite que se había prestado a actuar como administrador de Chewy West a solicitud de Curbelo y Pérez, porque «entre ellos no había buena relación y tenían algunos negocios que él no puede explicar con exactitud».
En agosto de 2005, después del acuerdo mercantil alcanzado por Antonio Pérez y Casimiro Curbelo, el Cabildo permitió que la totalidad del suelo de El Lamero fuera urbanizable.
Para la Guardia Civil, el «acuerdo extrajudicial» que denuncia Antonio Pérez «parece claro y beneficioso para las dos partes en conflicto».
En sus diligencias se admite que los implicados en el negocio nombraron a Fortunato Arteaga como administrador único, porque era una persona de confianza tanto de Curbelo como de Pérez y que este último sólo entregó la sociedad (en la que introdujeron las participaciones y propiedades pactadas previamente), cuando consideró que tenía garantías suficientes de que los terrenos de El Lamero se clasificarían como urbanizables.
La Guardia Civil admite en su informe que «la permuta no es más que una tapadera para disfrazar una operación que de otra forma podría hacer saltar las alertas notariales y registrales» y que Curbelo tenía un interés específico en la operación y en la zona de suelo afectada por ésta -El Lamero-, «no sólo por su posición colindante con la playa de San Sebastián de La Gomera», sino también por disponer de al menos cuatro fincas en propiedad y otras por permuta de herencia.
Partícipe directo
El informe concluye que Curbelo «podría haber sido partícipe directo en la comisión de un delito de cohecho por la recepción de Chewy West, un delito en el que habrían participado los ya imputados Arteaga (colaborador) y Pérez (autor)».
Admite que la investigación debería seguir directamente sobre la persona del ex senador, algo que no se podía hacer en mayo -momento en que se finalizaron las diligencias- por ser Curbelo senador, y que ahora está haciendo el juez de instrucción gracias a la pérdida de aforamiento del alto cargo socialista.
El propio Ministerio Público autorizó a las fuerzas de seguridad investigar a la mujer e hijos del alto cargo socialista así como de sus empresas.
