Quiere expulsarlos del país aunque se encuentren en España de forma legal
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El candidato del PP por Barcelona, Jorge Fernández, ha planteado este 15 de noviembre de 2011 una reforma del Código Penal y de la Ley de Extranjería para que aquellos inmigrantes que «hayan hecho de la delincuencia su modo de vida» sean expulsados del país aunque se encuentren en España de forma legal.
Para dar apoyo jurídico a esta medida, el dirigente popular ha abogado por modificar la Ley de Extranjería y el Código Penal «como hacen los países serios» para que los extranjeros afincados en España legalmente pero que no cumplan con la legalidad puedan ser expulsados del país.
Sin embargo, Fernández ha descartado cifrar el número de delitos o hurtos necesarios para considerar que un inmigrante legal «vive de la delincuencia», y ha dejado esta cuestión para la negociación parlamentaria de estas reformas.
De la misma forma, Fernández ha defendido que aquellos inmigrantes que se encuentren en situación irregular y que sean detenidos por la policía por cometer algún delito sean inmediatamente devueltos a su país de origen.
En rueda de prensa en la agencia de noticias ACN, ha lamentado la tibieza del actual Código Penal con los delincuentes multirreincidentes, ante lo que ha recetado un endurecimiento de la norma que castigue a la gente «que se burla de la justicia día sí y día también».
El candidato del PP por Barcelona ha afirmado que en 2010 se produjeron 322 hurtos al día de media, y fueron detenidos 4.400 delincuentes multirreincidentes, muchos de ellos con más de diez detenciones a sus espaldas.
«No aceptamos convertir la ciudad en una universidad del delito, donde los delincuentes se sienten impunes y vienen a aprender a robar», ha asegurado Fernández, que ha sostenido que la impunidad con la que actúan los delincuentes multirreincidentes desmoraliza a los policías.
Prisión permanente revisable
El dirigente popular ha expuesto también la instauración en el Código Penal de la figura de la «prisión permanente revisable», un nuevo tipo de pena para aquellos delitos más graves que mida el nivel de reinserción del reo antes de aplicarles beneficios penitenciarios para rebajarle la pena.
Frente a las dudas sobre la constitucionalidad de esta medida, Fernández ha señalado que el PP está convencido de su encaje en la Constitución Española porque no olvida que la pena está orientada a la reinserción sino que establece controles para medir la capacidad de reinsertarse del preso.
