La agencia de calificación de riesgo Fitch ha rebajado la deuda de Castilla-La Mancha dos escalones, desde el nivel A hasta BBB+, debido, según el Ejecutivo Cospedal, a la «alta deuda» con proveedores heredada del Gobierno anterior y a la tensa situación de liquidez en la que está sumida la región, según informó el Gobierno regional.
El nivel de solvencia sigue siendo alto y la nota continúa siendo de grado de inversión, según los estándares de Fitch. La rebaja supone una medida preventiva, hasta que celebre en próximos días un comité; mientras tanto, Fitch sitúa a la región castellanomanchega en revisión.
Frente a ello, la presidenta de Castilla- La Mancha, María Dolores Cospedal, anunció a finales de agosto el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, completado el pasado viernes con un ajuste adicional, con lo que se pretende ahorrar más de 2.150 millones de euros.
Estas medidas servirán de base al Plan Económico Financiero que el Gobierno regional tiene previsto enviar próximamente al Ministerio de Economía y Hacienda, incluso antes del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En su informe, Fitch manifiesta su preocupación por la altísima deuda que mantiene la Junta de Castilla-La Mancha con proveedores, consecuencia de los impagos del Gobierno anterior, y que ascendía a 2.600 millones a 30 de junio de 2011. También hace referencia al abultado déficit del tercer trimestre y a las previsiones de que ese déficit siga ascendiendo en el cuarto trimestre.
En este sentido, las Cortes regionales aprobaron el pasado jueves una Ley de Suplementos de Créditos de 1.534 millones de euros para corregir los graves desequilibrios presupuestarios de Castilla-La Mancha. El Gobierno pretende cerrar el ejercicio con un déficit en el entorno del 9%.
Igualmente, la agencia de calificación muestra su inquietud por la imposibilidad de la Junta de contraer deuda a largo plazo hasta que el Plan Económico Financiero no esté aprobado.
En este sentido, el Gobierno regional ya ha iniciado contactos con algunas de las mayores entidades financieras, con las que se prevé llegar a acuerdos de endeudamiento a largo plazo en cuanto el Plan Económico Financiero reciba la aprobación del Gobierno central, lo que sucederá previsiblemente en el segundo Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebre.