El Diario Oficial de Castilla-La Mancha certificó este 9 de diciembre de 2011 la desaparición del defensor del Pueblo y del Consejo Económico y Social (CES) de esta comunidad, dos instituciones que el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal ha decidido suprimir al considerarlas prescindibles dentro de sus planes ahorro y de recortes.
La eliminación de estos dos organismos supondrá un ahorro anual de unos tres millones de euros.
Según el Ejecutivo castellano-manchego, el Defensor del Pueblo castellano-manchego no es necesario porque esta misma figura existe en el ámbito estatal con sus mismas funciones.
Duplicidad administrativa
En este sentido, según el Gobierno autonómico, «la multiplicidad de instituciones autonómicas supone un ataque a la eficiencia administrativa y una duplicidad de gastos de difícil justificación».
Desde este viernes, se remitirán al Defensor del Pueblo estatal las quejas que se encuentren en tramitación en la Oficina del Defensor castellano-manchego.
En cuanto al CES de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Cospedal considera que su trabajo de asesoramiento y elaboración de estudios económicos puede ser asumido por otros órganos como el Observatorio Regional de Mercado.
La eliminación de ambas instituciones ha recibido duras críticas de la oposición socialista, que ha llegado a acusar a los populares de opacidad por suprimir organismos de control a su gestión.
Desde el Gobierno regional, el consejero de Presidencia, Jesús Labrador, declaró que «hay momentos en que hay que quitar lo que no es necesario para garantizar lo que es absolutamente imprescindible y creo que con estas medidas para la contención del gasto vamos a sacar a Castilla-La Mancha de la crisis».
«Nos gustaría que alguien dirigiera el PSOE en esta región y que hubiera un partido en la oposición de referencia con el que poder hablar, al que poder dirigirse y llegar a acuerdos», añadió en respuesta a las críticas socialistas.
María Dolores de Cospedal, ya anunció el pasadodía 1 una serie de medidas encaminadas a ahorrar a las cuentas regionales unos 350 millones de euros.
Más jornada laboral
Este paquete de medidas incluye, como principales novedades, el aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales para los cerca de 70.000 empleados públicos de la CC AA, que verán también reducidos su salario bruto en torno a un 3%.
Estos nuevos ajustes se suman a los introducidos por la presidenta el pasado mes de agosto y que tienen por objetivo el ahorro de 1800 millones de ?. Y es que la deuda pública de la comunidad castellano-manchega, si bien no es la más alta, sí es la que más rápido aumenta, siendo de 6.267 millones de ? para 2011, de los cuáles, el gobierno autonómico se deja al año 74,4 millones de euros en pago de intereses.
