La Sala de lo Penal dice que es necesario investigar también sus «gestiones personales» ante «diversos organismos públicos»
El ex ministro de Fomento José Blanco deberá responder ante el Supremo de los indicios de cohecho y tráfico de influencias que han aparecido contra él en la operación Campeón.
Con el criterio favorable de la Fiscalía, cinco magistrados del Alto Tribunal han acordado por unanimidad abrir un proceso contra Blanco al apreciar que los datos aportados por la jueza de Lugo Estela San José «permiten inferir indiciariamente una serie de entregas de dinero» a Blanco, que también habría realizado «gestiones ante organismos públicos» a favor de empresarios próximos a él.
La Sala Penal del Supremo ha acordado iniciar un proceso contra José Blanco al coincidir con la Fiscalía en que los indicios expuestos por la jueza de Lugo Estela San José, instructora de la operación Campeón, «necesariamente» deben ser investigados.
Y llegados a esto, llega el momento de echar un poco la vista atrás y tirar de hemeroteca. El hasta hace poco ‘infalible’ y ‘adorado’ Rubalcaba afirmó durante la campaña electoral que él estaba dispuesto a «poner la mano en el fuego» por la honradez de José Blanco y predijo que su caso sería archivado tras concluir las elecciones.
No podía estar más equivocado porque cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordaron este28 de diciembre de 2011 abrir por unanimidad un proceso penal contra el ex ministro de Fomento por posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho.
El auto del Supremo dice que, tras examinar los datos aportados por la juez Estela San José y sumándose a las palabras del fiscal, «necesariamente ha de llevarse a cabo» una investigación penal contra José Blanco al considerar que existen indicios de delito.
Blanco tendrá que ser llamado a declarar como imputado, pero conviene recordar que son ya cuatro las instancias judiciales que han apreciado la existencia de esos indicios de delito: la juez de Lugo, el fiscal del juzgado, el fiscal del Supremo y ahora la Sala Segunda, que señala en su escrito que los documentos, facturas, transferencias bancarias, declaraciones y transcripciones de conversaciones telefónicas «permiten inferir indiciariamente una serie de entregas de dinero al aforado, realizadas a través de su pariente».
El auto hace referencia, además, a la realización de «gestiones personales [de Blanco] ante diversos organismos públicos».
Hay que recordar que, en el marco de una investigación judicial sobre el pago de comisiones ilegales a cambio de subvenciones, Dorribo declaró ante la juez que había entregado unos 300.000 euros al ex ministro a través de su primo político Manuel Bran a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad.
El pago se habría efectuado en la gasolinera de Guitiriz, en la que el propio Blanco se entrevistó en su coche con Dorribo.
En la exposición razonada que la juez remitió al Supremo, se incluía la transcripción del intercambio de mensajes entre José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar, y el propio Blanco, en la que constaban alusiones muy explícitas a otras gestiones del ministro para conseguir diversos favores a este empresario, entre ellos, la licencia para construir una nave industrial.
Sea cual sea el desenlace de la investigación judicial, Blanco ha tenido una conducta muy poco ejemplar y debería dimitir como diputado, a lo cual se sigue negando porque prefiere ser investigado por el Supremo antes que por el juzgado de Lugo.
Ello le permitiría terminar convirtiendo su asunto, como ocurrió en el pasado, en materia de trueque entre la oposición y el Gobierno.
En plena campaña electoral, el ex ministro declaró que se retiraba de «la primera línea» de la política, lo que sugiere que considera que ser diputado es un cargo de segundo nivel en la cómoda retaguardia.
Debería renunciar a su escaño en el Congreso por un elemental principio de responsabilidad política, ya que Blanco ha sido elegido por los ciudadanos de Lugo, que tienen derecho a estar representados por una persona libre de toda sospecha.
Cuando aparecieron las primeras revelaciones contra Luis Bárcenas en el caso Gürtel, el propio Blanco y el PSOE exigieron que renunciara a su acta de senador. Ahora deberían aplicar el mismo rasero.
Como ya hemos dicho en más de una ocasión, incluso aunque resultara absuelto de tráfico de influencias y cohecho, las nada «ejemplares» circunstancias que rodean sus relaciones con este turbio grupo de empresarios debería haberle llevado a dimitir de todos sus cargos.
Dado que el origen de la investigación contra Blanco es la concesión de ayudas irregulares por parte de la Xunta de Galicia cuando estaba gobernada por una coalición entre el PSOE y el BNG, los actuales gestores de esta institución deberían personarse como acusación en el proceso, ya que hay claras evidencias de una delictiva utilización de fondos públicos y no es lógico que el impulso del procedimiento quede sólo al albur de la fiscalía.