Josep Prat Domènech es el presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) –empresa de la Generalidad que gestiona unos 400 centros sanitarios de titularidad pública– y a la vez es el impulsor del plan que prevé trocear y abrir al capital privado al ICS —Cataluña niega, por enésima vez, que vaya a privatizar la salud pública–.
A la vez, compagina este cargo con la vicepresidencia de USP Hospitales, uno de los mayores grupos sanitarios privados de España. USP tiene cuatro centros en Barcelona y Gerona.
Desde su posición, Prat supervisa la reducción de actividad de los hospitales públicos, tras la aprobación de los recortes presupuestarios —Los recortes de Mas: un hospital catalán da por muerto a un paciente que sigue vivo— y, según la oposición, maneja una información que constituye una gran oportunidad de negocio para cualquier grupo hospitalario privado, según ha informado El País —El presidente del ICS lidera un gran ‘holding’ sanitario privado–.
«NO ES ILEGAL PERO SÍ ILEGÍTIMO»
Por su parte, la Generalidad asegura que Prat no incurre en ninguna incompatibilidad, ya que califica su cargo en el ICS de «no ejecutivo y sin remuneración», dietas aparte.
El ICS defiende que un informe de los servicios jurídicos de Salud avala la doble posición de Prat, quien percibe un salario por su labor como vicepresidente de USP.
«Quizá no sea ilegal pero sí totalmente ilegítimo», ha indicado el responsable de sanidad del PSC, Josep Maria Sabaté. Y esto es lo que parece, legal pero poco ético.
TRES CARGOS, DOS PÚBLICOS
Desde el pasado febrero, cuando la Generalidad designó a Prat como presidente del ICS, la vicepresidencia del grupo privado USP (que ocupa desde 2009) no ha sido el único motivo que ha generado dudas sobre la incompatibilidad de cargos que acumula Prat.
Este también recibe otro salario por dirigir desde 2003 el holding Innova, grupo empresarial público propiedad del Ayuntamiento de Reus (Tarragona) que agrupa, entre otros, varios centros sanitarios y la empresa pública Sagessa, compañía con una decena de hospitales y ambulatorios distribuidos por la provincia de Tarragona.
Estos se hallan a su vez integrados en la red sanitaria pública de hospitales catalanes y compiten para captar recursos de la Consejería de Salud por la prestación de servicios con los centros que gestiona en la provincia el ICS, a su vez presidido por Prat.
UN CRÉDITO DE 42 MILLONES DE EUROS
La ley autonómica de incompatibilidad de altos cargos de la Generalidad no permite que una misma persona tenga la responsabilidad en dos empresas públicas salvo excepciones expresas que debe aprobar la Administración pública catalana. A principios de año, el consejo de Innova, por su parte, autorizó a Prat a presidir el ICS porque este cargo «no es ejecutivo, solo representativo».
El holding Innova regido por Prat ha declarado un endeudamiento de 202 millones de euros por varios préstamos. Entre otros, un crédito de 47 millones de euros otorgado por el Servicio Catalán de la Salud, órgano de la Generalidad que el propio Prat dirigió en el anterior Gobierno de CiU, durante el mandato de Jordi Pujol, hasta 2003.
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