La Junta de Andalucía ha decidido suspender el reingreso como funcionario del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, imputado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la administración autonómica, como «medida cautelar proporcionada a la naturaleza de los delitos que se le imputan y las circunstancias en que presuntamente se han cometido», han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo andaluz.
Según las mismas fuentes, la Junta ha decidido en concreto la «suspensión provisional de funciones» de Guerrero como funcionario «de manera simultánea a su reingreso al servicio activo» al entender que «aun cuando tiene derecho al reingreso al servicio activo, procede declararlo simultáneamente en suspensión provisional de funciones, dado que esta situación administrativa resulta una medida cautelar proporcionada a la naturaleza de los delitos que se le imputan y las circunstancias en que presuntamente se han cometido».
Guerrero se encuentra imputado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por delitos contra la Administración de la Junta de Andalucía tipificados en el Título XIX del Código Penal. Según las fuentes consultadas por Europa Press, dado que hasta el momento este órgano jurisdiccional no ha adoptado «medida cautelar alguna» contra Guerrero que impida su reingreso al servicio activo «procedía concederle el reingreso que había solicitado».
No obstante, las citadas fuentes recuerdan que «el Estatuto Básico del Empleado Público dispone que podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial aun cuando dicha medida no hubiera sido adoptada por el órgano judicial».
En este sentido, la Junta sostiene que, «aunque la presunta comisión de dichos delitos no tuvo lugar en el desempeño de sus funciones como personal funcionario de la Junta sino en el ejercicio de su cargo de Director General de Trabajo de la Consejería de Empleo, los bienes jurídicos protegidos por los tipos penales supuestamente infringidos pueden lesionarse tanto desde la condición de autoridad administrativa de la Junta de Andalucía como también desde la de personal funcionario de la misma».
